¿Puede llegar un miembro del Gobierno puesto a dedo y sin estudios superiores ni formación especializada para la labor que está desempeñando cobrar más que el presidente del Gobierno? Sí. Sergio García Torres es uno de ellos. Según los datos publicados en el Portal de Transparencia, en 2021 el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 dirigido por Ione belarra pagó al director General de Derechos de los Animales la asombrosa cantidad de 86.108 euros. Esta cifra es incluso superior a la que se embolsa el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que ‘solo’ cobra  85.845 euros. 

Un director puesto a dedo con un sueldazo inalcanzable para ciudadanos y funcionarios de carrera

Las 24 direcciones generales en España son la última escala de puestos de libre designación por parte del Gobierno, ya que por debajo de ellos ya se precisa ser funcionario de carrera para obtener, por ejemplo, el cargo de subdirector general.

La Ley del Régimen Jurídico del Sector Público regula quién ocupa los altos cargos dentro de la Administración General y, según ésta, las direcciones generales deberían ser ocupadas por funcionarios de carrera. Sin embargo, en uno de sus puntos se establece que si no se encuentra a nadie idóneo en la Administración General puede elegirse una persona que no sea funcionaria.

A este punto se agarró Pablo Iglesias para elegir a dedo a Sergio García Torres al llegar al Gobierno. El director general de Derechos de los Animales no pertenece al Cuerpo Nacional Veterinario ni ha cursado formación superior de ningún tipo. Según se puede ver en su currículum, tampoco es jurista ni biólogo. Lo único que ha cursado antes de acceder al cargo, en el que maneja un presupuesto de más de seis millones de euros de dinero público, es un módulo de Artes Aplicadas a la Escultura. Además ha regentado un bar vegano y trabajó en las redes sociales para Unidas Podemos.

Esta escasez formativa no impide, sin embargo, que pase por encima de los funcionarios de primera línea en cuanto al sueldo y promueva leyes como el Anteproyecto de Ley de Derechos de los Animales y Bienestar Animal, que ha logrado poner en su contra a sociedad civil, científicos, veterinarios, juristas y hasta la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.

Casi 7.200 euros al mes de sueldo

Según los datos del Portal de Transparencia, en 2021 Sergio García Torres cobró 86.108 euros. Si lo dividiésemos en doce pagas, esto supone más de 7.175 euros al mes, siete veces más que el salario mínimo interprofesional. Hay que tener en cuenta que la remuneración de un director general ronda los 60.000 euros (59.825 euros, según los Presupuestos Generales del Estado de 2021 publicados en el BOE: sueldo, complemento de destino, complemento específico y las dos pagas extraordinarias). Entonces ¿Por qué él cobra tanto?

La respuesta está en el «complemento de productividad», un ‘chollo’ empleado por los políticos para beneficiar, entre otros, los altos cargos nombrados a dedo. Esa fue la fórmula elegida, primero por Pablo Iglesias y después de Ione Belarra, para conceder un plus de 26.283 a Sergio García Torres, el animalista del Gobierno que llegó a asegurar en Twitter que «cazar es un capricho, sádico e innecesario. Solo para calmar instintos asesinos».

Un despilfarro de dinero público para regar de millones al animalismo

Pero García Torres no solo se ha beneficiado de su cargo para hacer crecer su cuenta corriente personal con un sueldo inalcanzable para la mayor parte de los españoles. Desde su dirección general ha concedido importantes subveciones a las asociaciones de su espectro ideológico. Por eso, el pasado 28 de septiembre fue publicada en el BOE una orden que establecía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a entidades de protección animal. A través de ellas el Gobierno concedió tres millones de euros con los que regó a cientos de animalistas con unos requisitos mínimos.

Sergio García Torres quiere institucionalizar este despilfarro y perpetuarlo también a través de su ley animalista antes de su más que probable marcha del Gobierno en las próximas elecciones. Es algo que se puede ver en el texto del borrador de su ley aprobado por el Consejo de Ministros. Una ley que bien podría de llamarse ‘de chiringuitos animalistas’ a juzgar por la cantidad de fuentes de financiación pública que pretende crear para financiar a los simpatizantes ideológicos del animalismo, como ya te explicamos en este artículo.