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Casi 900 científicos se oponen a la Ley de Derechos de los Animales que prepara el Gobierno

Los científicos manifiestan su disconformidad con la nueva Ley de Derechos de los Animales que pretende aprobar el Gobierno. La exposición pública del anteproyecto de ésta acaba este jueves 21 de octubre por lo que más de 800 científicos han firmado la siguiente carta en su contra.

© Shutterstock

El unánime rechazo de la sociedad al Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales presentado por el Gobierno hace dos semanas no solo ha generado malestar entre los propietarios de mascotas, las tiendas de animales o el mundo rural en general. La comunidad científica también se ha llevado las manos a la cabeza y, por ello, desde el departamento de Biología de la Conservación de la Estación Biológica de Doñana han redactado una carta conjunta a la que se han suscrito más de 800 científicos de nuestro país y en la que muestran el malestar general de la comunidad académica y alertan de las nefastas consecuencias que tendría para la biodiversidad y el patrimonio natural si saliera adelante.

El mensaje, que se ha hecho viral a través de WhatsApp y Twitter, invitaba a los académicos a firmar con la mayor brevedad posible, pues la carta fue enviada a los medios de comunicación el pasado viernes 15 de octubre. El motivo de tanta urgencia es que «la exposición pública del anteproyecto acaba el jueves 21, por lo que cualquier acción de respuesta o alegación tiene poco margen de maniobra», advierten. Por último, agradecen que se haga «circular este mensaje entre los investigadores e investigadoras de tu entorno que creas que pueden tener interés en adherirse».

Este es el texto íntegro que advierte de las fatales consecuencias de la nueva ley animalista

Derechos de los animales y conservación de la biodiversidad

Como nosotros, muchos animales experimentan sentimientos y emociones que fácilmente podemos reconocer en especies con las que compartimos millones de años de evolución (como muchos primates) o miles de años de convivencia (perros y gatos). Tal reconocimiento genera empatía, o tiene el potencial de hacerlo, de ahí que numerosas personas procuren la mayor ventura de los animales que les rodean. En sociedad, a esa pretensión hay que darle forma de normativa. En este sentido, es de aplaudir que el Gobierno de España trabaje para promover el bienestar animal. Sin embargo, el Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los animales, recientemente dado a conocer por la Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, nos parece, a despecho de su intención, profundamente desacertado y erróneo.

El texto presentado intenta regular un complejo y diverso abanico de situaciones en base a los objetivos de bienestar de unas pocas especies, principalmente gatos, perros y equinos. Ello, y el confuso y descuidado uso que hace de los términos “animal” (que no define), “animal de compañía” y “animal doméstico”, lleva a numerosos absurdos y contradicciones. Por ejemplo, en su redactado actual, el artículo 70 prohibiría filmar documentales de naturaleza que muestren sufrimiento o muerte de alguno de los animales protagonistas (algo habitual en la práctica totalidad de los documentales); o, lo que es más llamativo, el 83 impondría multas de entre 100.000 y 600.000 euros por matar intencionadamente “un animal”, incluyendo, se supone, a animales que suelen sufrir un control letal, como ratas, mosquitos o parásitos intestinales.

En su afán por abarcar, el anteproyecto entra en conflicto con normativas y estrategias españolas y europeas para la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, se prevé generar un listado de especies que se podrán tener como animales de compañía (listado positivo), informado por un Comité Científico y Técnico de Protección Animal. Ello invade el ámbito del Real Decreto 630/2013 que regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, a su vez informado por el Comité Científico que asesora al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por otro lado, el texto del anteproyecto prohíbe en varias ocasiones las actividades de control y erradicación de especies invasoras que impliquen la muerte de los animales, lo que colisiona con diversos programas amparados por el Real Decreto mencionado, atentando directamente contra directivas europeas.

El anteproyecto regula asimismo la tenencia y reproducción de especies exóticas en cautividad, lo que sin duda supondría un grave riesgo para muchas poblaciones silvestres. Por poner un ejemplo cercano, a nadie se le oculta la arraigada costumbre de mantener aves ornamentales y exóticas de jaula. En 2017 se estimaron unos 49 millones de estas aves, de quizás un millar de especies diferentes, en cautividad en la UE (en España pueden rondar los 7 millones). Lo que quizás muy pocos lectores sepan, y desde luego parecen ignorar los redactores del anteproyecto, es que mientras enjaular a un canario o loro capturado en la naturaleza le supone un sufrimiento, no lo es así para un ejemplar nacido en cautividad. Afortunadamente, la UE prohibió en 2007 (Reglamento CE N.º 318/2007) la importación de aves salvajes por motivos sanitarios, prohibición que luego reforzó España para evitar invasiones biológicas. La sociedad respondió positivamente reproduciendo aves exóticas en cautividad y creando, de forma colateral, una eficaz herramienta de conservación que traspasa nuestras fronteras. En España, y la UE en su conjunto, no sólo hemos evitado la importación de millones de aves capturadas en la naturaleza al abastecernos con aves nacidas en cautividad, sino que además nos hemos convertido en los principales exportadores a otros países, reduciendo así el peligro de extinción al que se ven expuestas numerosas especies por el comercio de individuos salvajes a escala mundial. Limitar hasta hacer casi imposible la cría en cautividad de estas especies, como pretende el anteproyecto de ley, no sólo tendría un fuerte impacto económico y social en nuestro país, sino que además supondría un grave paso atrás para la conservación de las aves a escala mundial.

Durante la redacción del anteproyecto no se han tenido en cuenta numerosos estudios científicos que señalan perniciosos efectos sociales y sobre la conservación de la fauna salvaje en el caso de que sus propuestas se llevarán a cabo. Tal es el caso de la especial atención (un capítulo exclusivo y numerosos artículos) que el texto depara a lo que denomina colonias felinas. Estas agrupaciones de gatos domésticos se dan en lugares con abundancia de comida, en general aportada por personas consideradas por el texto como cuidadoras de las colonias. La disponibilidad de comida no hace que esos gatos coloniales estén en buenas condiciones. De hecho, están en peores condiciones físicas y viven en promedio menos que los gatos callejeros solitarios (y por supuesto, mucho menos y mucho peor que los gatos caseros). Pero sea cual sea su estado físico y su modo de vida, los gatos no dejan de cazar. Los gatos matan cantidades enormes de animales. En 2013 se estimó que cada año mueren unos dos mil quinientos millones de aves y más de doce mil millones de mamíferos en las fauces de los gatos solo en EEUU. Esas cifras son superiores a las de animales cazados (por humanos) o a los que se estima que perecen atropellados por el tráfico rodado. El impacto de los gatos es también muy importante sobre las poblaciones de reptiles, siendo una de las principales amenazas para especies en peligro de extinción, como los lagartos gigantes y otros reptiles canarios. Los gatos son además vectores potenciales de enfermedades que pueden pasar a las personas (como leishmaniosis y diferentes tipos de parásitos) y a la fauna silvestre, como demostró el brote de leucemia felina que estuvo a punto de acabar con la población de lince ibérico de Doñana en 2007. Las colonias felinas, donde los gatos no viven siguiendo la organización social natural típica de los felinos ya que se encuentran en densidades anormalmente altas e interaccionan intensamente, funcionan como centros de contagio y propagación de estas enfermedades. Creemos que la intención del anteproyecto de ley de inventariar y mantener a largo plazo las colonias de gatos y el número de individuos que las ocupan (a cargo de los presupuestos municipales) carece de sentido. Entendemos, y podemos compartir, la sensibilidad que generan estos animales y que las actuaciones de gestión tengan en cuenta el bienestar de cada gato individual. Pero el objetivo debe ser la reducción al mínimo posible de los gatos de origen doméstico que viven en libertad en nuestras ciudades y en el campo en el menor plazo posible.

El anteproyecto también choca con estrategias de conservación de la biodiversidad cuando trata del ámbito que debería ser su competencia, el de los animales domésticos propiedad de una persona. Ocurre así con los perros de trabajo y la coexistencia entre el lobo y el ganado. Los mastines son una herramienta fundamental para la protección del ganado extensivo frente a grandes depredadores. Para que los mastines tengan el impulso de proteger al ganado que se les encomienda deben criarse con él, desde cachorros, y para que la protección sea efectiva deben permanecer siempre con las reses. La normativa actualmente vigente deja a estos perros de trabajo fuera de ninguna categoría especial, lo que genera ya problemas a los ganaderos que emplean mastines. Pero la situación se hará insostenible si prospera el anteproyecto de ley, que impone una edad mínima para el trabajo canino (18 meses) y un tiempo máximo de soledad (sin un humano) del perro de un solo día. Prohibir a los ganaderos el acceso a una de las mejores herramientas de protección frente a la depredación puede derivar en un aumento del rechazo al lobo.

La conservación de la biodiversidad se reconoce unánimemente como una herramienta imprescindible para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza. Procurar el bienestar de unos pocos animales cercanos no puede hacerse a costa del sufrimiento de muchos animales que no vemos y mucho menos de la destrucción de la biodiversidad necesaria para todos. Creemos que el anteproyecto de ley que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales no es un documento sobre el que se pueda seguir trabajando para aunar el bienestar individual de los animales domésticos y la conservación de la biodiversidad. El actual texto denota que en su redacción han faltado puntos de vista y voces críticas que velen no sólo por el bienestar individual de los animales si no por la conservación generalizada de nuestro patrimonio natural. Debería trabajarse en una nueva propuesta, nítidamente centrada en animales domésticos de compañía y bien integrada en las normas y estrategias actuales de conservación de la biodiversidad.