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Estos son los 'chiringuitos' que creará el Gobierno con la nueva Ley de Bienestar Animal

El anteproyecto de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales recoge la creación de un amplio número de departamentos que repercutirán en más gastos para las arcas públicas y nuevos puestos de trabajo para personas afines al animalismo.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales.

El Anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales ha generado un rechazo social mayoritario en España. Tanto es así que ha desencadenado una de las mayores manifestaciones que se recuerdan en nuestro país, con la asistencia de más de medio millón de personas pidiendo su retirada en Madrid el pasado 20 de marzo.

Los motivos de rechazo a la ley son muchos, puesto que ha sido gestada por Sergio García Torres, un histórico animalista contrario a la caza, los toros, la ganadería, los circos o el comercio con animales que ocupa la Dirección General de Derechos de los Animales y que la ha desarrollado desde un prisma netamente ideológico. Por ese motivo, no solo el mundo rural ha pedido su retirada, el texto también ha sido criticado por científicosveterinarios, y hasta el sector de las mascotas. Sin embargo, ha encontrado apoyo en un minoritario sector: el de las protectoras de animales, las únicas beneficiadas por la dirección general de García Torres.

Las protectoras, formadas en su mayoría por militantes animalistas, han visto con buenos ojos la llegada de García Torres. Especialmente porque gracias a él este año tienen a su disposición 3.000.000 de euros de dinero público en subvenciones. También aplauden el Anteproyecto de Ley, puesto que les da protagonismo, las discrimina positivamente y deja la puerta abierta a recibir más subvenciones de las que ya disponen. Una serie de privilegios que van desde reconocerlas como entidades capacitadas para impartir talleres de formación basados en su ideología, hasta hacer las veces de ‘policía animalista’ colaborando con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Y, por supuesto, propone nuevas formas de financiación para que los animalistas puedan seguir ingresando dinero público gracias a una extensa red de órganos ahora inexistentes.

Los chiringuitos de Sergio García Torres

Los ‘chiringuitos’ planteados a medida para las entidades de protección animal en la nueva Ley de Bienestar Animal comienzan a recogerse en el artículo 5 de su anteproyecto. Éste establece la creación del llamado Consejo Estatal de Protección Animal, que será un órgano colegiado consultivo de Coordinación entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Lo compondrán miembros de los diferentes ministerios relacionados con los animales además de «personas de reconocido prestigio en materia de protección animal». Lo que deja la puerta abierta a enchufar a cualquier afín a la ideología animalista.

Además, dentro de la estructura de este Consejo se crea el Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales, «para el ejercicio de las funciones establecidas expresamente en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo».

Animalistas asesores sin limitación

El artículo 6 del Anteproyecto se contempla la creación de Otros órganos colegiados, cuyo único objetivo es crear una estructura para contratar a animalistas afines a la ideología de Sergio García Torres sin limitaciones. Por eso establece que se crearán «cuantos órganos colegiados de colaboración o de asesoramiento al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda resulten necesarios para la coordinación de políticas y actuaciones en materia de protección de los animales».

Como se puede ver, la puerta queda abierta a contratar a tantos afines como estimen oportunos con cualquier excusa. Por si quedaban dudas, el artículo 7, establece en esos órganos colegiados deberán participar, entre otros, «representantes de las entidades de protección animal y profesionales veterinarios».

Un fondo para financiar al animalismo

En el artículo 22, el anteproyecto de ley de bienestar animal establece la creación del Fondo para la Protección Animal con los objetivos, entre otros, de «financiar y desarrollar acciones específicas relacionadas con la protección animal (…) e incentivar los estudios y prospecciones que persigan el desarrollo y actualización del Inventario Nacional de Protección Animal».

Esto se traduce en una vía adicional para financiar a las entidades animalistas, de nuevo casi con cualquier excusa. Según establece el texto «el Fondo estará dotado con las aportaciones que anualmente se consignen en los Presupuestos Generales del Estado».

Entre los artículos 25 y 28 se citan los Centros Públicos de Protección Animal, que serán uno propio por cada comunidad autónoma y uno propio o concertado por cada municipio mayor de 5.000 habitantes. De nuevo se abre la puerta a que las asociaciones animalistas obtengan financiación de los municipios mayores de 5.000 habitantes.

El vídeo denuncia de la RFEC

En el vídeo compartido por la Real Federación Española de Caza que reproducimos a continuación también cita otras entidades de nueva creación que del mismo modo se pondrían en marcha con la aprobación de la nueva ley de bienestar animal. Se trata concretamente de: el Comité científico y técnico para la Protección y Derechos de los animales; la Comisión Territorial de protección animal; el Consejo Estatal de protección animal; el Observatorio Estatal contra el maltrato animal; el Registro Nacional de Entidades de protección animal; el Registro Nacional de Profesionales de comportamiento animal; el Registro Nacional de animales de compañía; el Registro Nacional de núcleos zoológicos de animales de compañía; el Registro nacional de profesionales de cría y el Registro Nacional de inhabilitación para la tenencia y actividades relacionadas con animales.

También destacan la creación de la Estadística de Protección Animal; el Inventario Nacional de protección animal; el Plan Nacional de protección animal; el Plan Nacional contra el maltrato animal; el Plan Nacional contra el abandono; las campañas de difusión públicas; los Programas de gestión y programas educativos y de sensibilización; el Fondo para la Protección Animal; los Programas de Formación a funcionarios; los centros públicos de protección animal; la formación para la tenencia de perros; las titulaciones profesionales para el fomento de las entidades de protección animal o las entidades de gestión de colonias felinas.