Todo comenzó hace ahora un año. En septiembre de 2022, el colectivo anónimo autodenominado ‘La marea naranja’ subió a redes un vídeo que denunciaba el gran número de chiringuitos que va a crear la Ley de Bienestar Animal que entró en vigor el pasado viernes.
Este acción viral revelaba importantes datos, como el sueldo de Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales, o los millones de euros que el Gobierno de Sánchez había destinado hasta entonces a subvencionar las asociaciones animalistas afines a Unidas Podemos, partido del que depende la dirección general animalista.
Para tratar de distraer la atención del contenido del vídeo –que reproducimos más adelante– desde la formación morada utilizaron una cortina de humo y argumentaron que uno de los recursos gráficos utilizados en el vídeo era un punto de mira que se mostraba sobre la cabeza de Sergio García Torres y que se trataba de una amenaza de muerte. Además, no dudaron en señalar a la Real Federación Española de Caza como autora de las imágenes desde su maquinaria mediática.
«Han mentido y generado bulos sobre la ley de protección animal. Mienten sobre el impacto económico. Los organismos que se crean son de coste cero… mienten hasta sobre mis estudios. Pero quizás que personas armadas te pongan en un punto de mira puede ser constitutivo de delito», señaló el propio Sergio García Torres a través de las redes sociales antes de presentar una denuncia en los juzgados.
Aunque era evidente que no había ninguna mirilla telescópica sobre su cabeza y que era un simple recurso gráfico, la propia Ione Belarra se sumó a la difusión del bulo de la amenaza. Juatxo López de Uralde, el anticaza que realizó un comentario machista hacia las mujeres cazadoras por el que no pidió disculpas y quien ha sido vetado por Yolanda Díaz en Sumar, fue más allá al comentar: «La autodenominada Federación Española de Caza @RFECaza tuitea una imagen del Director General de Derechos de las Animales @SergioGaTorres en una diana. La revista de caza Jara y Sedal lo retuitea. Condeno esta acción porque es una amenaza inaceptable. Todo mi apoyo, Sergio».
La justicia es contundente: no hay amenaza de ningún tipo
Ahora, un año después de lanzar el bulo, la justicia se ha pronunciado desestimando la denuncia presentada por Sergio García Torres. Según el auto judicial, al que Jara y Sedal ha tenido acceso, la Sección nº 05 de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado el sobreseimiento de las actuaciones desestimando el recurso de apelación presentado por el director general de Unidas Podemos.
De esta manera queda probado que la denuncia, que fue presentada contra la Real Federación Española de Caza y que ha contado con la defensa del despacho Ballesteros Abogados, carecía de sentido alguno, y se reafirma la decisión del Juzgado de Instrucción Nº5 de Madrid, quien el pasado 18 de diciembre de 2022 ya decretó el archivo del caso. Aún así, Sergio García Torres recurrió, forzando al tribunal a que se manifestase de nuevo.
Marea Naranja actualiza su vídeo sobre la ley animalista para que García Torres «no se sienta amenazado»
Según se puede leer en el auto: «Tras un detenido examen de lo actuado, la Sala aprecia que, aun cuando pudiera determinarse la identidad de la persona responsable del vídeo en el que se critica la actuación del denunciante en su condición de Director General de los Derechos de los Animales, del análisis de las imágenes no cabe deducir ese anuncio de un mal serio, real, perseverante, injusto, determinado y posible hacia su persona, exigido por el tipo delictivo de las amenazas (vid. p. ej. STS 1060/2001, de 1 de junio), o que se incite a la ejecución de acciones violentas o se transmita de forma genérica un mensaje de odio».
Tampoco hay punto de mira sobre la cabeza de García Torres
Por otro lado, la sala considera que «no se recogen en el vídeo expresiones o términos que contengan contenido amenazador o coactivo, no es claro que el “recurso gráfico” al que se refiere el apelante sea una mirilla o diana de un arma de fuego, pudiendo corresponderse con el objetivo de un dispositivo fotográfico, y las imágenes responden a un contexto de crítica y oposición de determinados sectores sociales a los proyectos de la Dirección General en el que posiblemente los términos de la discrepancia no sean los más correctos, pero ello no implica que revistan trascendencia penal».
