El proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales continúa generando polémica y es que su aprobación acabará, entre otras cosas, con la venta de perros, gatos, pájaros y roedores en establecimientos comerciales. Esto ha hecho que miles de personas que se dedican al sector de las mascotas vean una amenaza directa para sus empleos o sus empresas, motivo por el cual han convocado una manifestación en Madrid para el próximo 5 de febrero en Madrid.
El texto de la norma ha sido redactado desde los postulados animalistas más radicales y en él se recoge que será un «listado positivo de animales de compañía» en el que se determine qué animales se podrán tener en los hogares. Por el momento, aves como cotorras, agapornis o ninfas podrían quedar fuera, así como pequeños mamíferos como cobayas, chinchillas, ratones o conejos. Tampoco las tortugas ni los reptiles exóticos o las arañas escaparán a la normativa. La nueva ley animalista prohibirá la venta de estos animales pero también la tenencia en los hogares, lo que supone que las tiendas de animales tendrán los días contados.
Un listado determinará qué animales se podrán comprar o tener
El Artículo 3 el proyecto de ley animalista define como animal de compañía a todo «animal doméstico o silvestre en cautividad, mantenido por el ser humano, siempre que su tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones o cualquier uso industrial o cualquier otro fin comercial o lucrativo y que pertenezca a una especie que esté incluida en el listado positivo de animales de compañía». Este listado, que saldrá a la luz en un máximo de 48 meses después de la entrada en vigor de la ley, establecerá cuáles son los animales permitidos.
Es precisamente este hecho, que se pretenda aprobar esta ley sin conocer el listado de los animales que se puedan comprar y tener, el que ha llevado a los propietarios de tiendas de animales y otros afectados a organizar organizar una manifestación el próximo 5 de febrero en Madrid.
Desde las tiendas de animales de la Comunitad Valenciana explican que en la redacción del anteproyecto de ley «no ha habido profesionales o especialistas» ya que se les trata como si fueran «furtivos o traficantes». «Somos establecimientos abiertos al público, controlados y regulados», se han quejado. Y han recalcado: «Nosotros no estamos en contra del bienestar animal, estamos en contra de una ley absurda que nos aboca al cierre a nosotros y a todo al sector. Desde los fabricantes de alimentación hasta los de cualquier tipo de producto que precisen esas mascotas. No se podrán comercializar y no se podrán tener y eso es una barbaridad».
En la Comunitat Valenciana hay 376 establecimientos que ven cómo la polémica normativa, que se encuentra en la actualidad paralizada por discrepancias entre los socios de Gobierno, podría obligarles a echar el cierre.
Por contra, la ley animalista blindará a los gatos callejeros
Mientras las tiendas de mascotas ven cómo su futuro se nubla ante la aprobación de una ley política y prohibicionista que obligará a muchos a cerrar, los colonias de gatos y quienes las gestionan estarán de enhorabuena. La normativa impulsada por el Gobierno no solo prohíbe expresamente el control de los gatos callejeros y asilvestrados, los cuales son responsables de la extinción de 63 especies de animales, si no que además pretende obligar a las administraciones públicas a mantenerlos con recursos públicos.
En nuestro país, estos felinos que quiere proteger el Gobierno son además la segunda causa de la mortalidad de la cerceta pardilla y el propio Ministerio reconoce en la Estrategia para la conservación de la cerceta pardilla, la focha moruna y la malvasía cabeciblanca que los gatos son un peligro para estas especies amenazadas.
Por su parte, las principales Sociedades Científicas de Conservación de la Naturaleza del país hicieron el pasado jueves 22 de septiembre un llamamiento sobre la importancia de reconocer los impactos negativos que los gatos -tanto domésticos con acceso a exterior como los callejeros sin dueño- tienen sobre la biodiversidad y pidieron modificar la Ley de Bienestar Animal que pretende sacar adelante el Gobierno y que blindará y financiará a las colonias felinas mientras, como hemos explicado, obligará a echar el cierre a numerosas tiendas de animales.
