Editorial
Lo escribió Platón hace veinticinco siglos: «El legislador no debe proponerse la felicidad de cierto orden de cuidadanos con exclusión de los demás, sino la felicidad de todos». Esta frase, que debería ser la base de cualquier norma creada en un estado democrático, ha sido ignorada por los redactores del Proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales que ahora ocupan el Gobierno de España. No solo eso. La norma ha sido creada desde un prisma netamente ideológico, con una redacción coordinada por un director general de los Derechos de los Animales sin ningún tipo de formación jurídica y, como él mismo ha reconocido, sin disponer de datos oficiales sobre la materia que pretendía legislar.
Pero, volviendo al principio de este editorial, la carencia más importante del texto presentado es la ausencia de consenso. El Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 no se ha sentado a escuchar a los principales sectores afectados y ha ignorado olímpicamente las más de 6.000 alegaciones recibidas a su anteproyecto tras el periodo de consulta pública, lo que la convierte en una de las más cuestionadas de la historia de nuestra democracia.
La caza genera 6.475 millones de euros y emplea a 187.000 personas en España. Su papel en la conservación del medio natural es, además, crucial ya que es el sector que más invierte en él. Su voz debe ser tenida en cuenta inexorablemente. Al igual que la de las sociedades científicas y los más de 800 investigadores que se han unido –inútilmente– para alertar de que la ley planteada es mala y muy peligrosa para nuestra biodiversidad. Tampoco se ha consensuado con el sector de las tiendas de mascotas ni con ninguno que no tenga que ver con la minoría animalista.
Es precisamente esa minoría animalista la única que está mostrando su acuerdo con la norma, consciente de que su aprobación supondrá la creación de una importante fuente de financiación pública para ellos y una serie de beneficios que puede convertirlos en una especie de policía animalista, con importantes privilegios. Una minoría a la que hace unos meses Sergio García Torres animaba a presionar en las calles para sacar adelante esta suerte de ley de chiringuitos.
El problema no solo es que quieran sacar una mala ley diseñada para favorecer económicamente a una minoría que, además de excluyente, pretende imponer cuestiones tan graves como la castración obligatoria, el seguro obligatorio o un curso para poder tener un perro. Todo eso invadiendo competencias de autonomías que ya cuentan con sus propias leyes y donde sí han sido consensuadas consectores como el cinegético. El problema es que el Gobierno quiere sacar adelante esta chapuza legislativa por vía de urgencia para que esté aprobada antes de fin de año.
Un proyecto tan desastroso como este no puede prosperar. La fuerza del sentido común y del sentido democrático del medio millón de personas que acudieron el 20 de marzo a Madrid para pedir su retirada total debe ser tenido en cuenta. El sector cinegético está siendo el principal dique de contención de este proyecto de ley que no gusta a la mayoría de los legislados, por eso durante los últimos días estamos asistiendo a una reacción encolerizada de la minoría animalista en redes sociales y medios afines esparciendo la idea de que los cazadores queremos dejar fuera de la ley a nuestros perros para dejarlos totalmente desprotegidos legalmente. Un terreno, el de la mentira, la manipulación y las fotos de cadáveres de perros ahorcados en países muy lejanos al nuestro, en el que los demagogos animalistas no tienen rival.
Como dato, podemos indicar que esa ley a la que quieren someter a los perros de caza, no hace frente a su principal problema y verdadero origen de los perros de caza abandonados según los datos de la Guardia Civil: los robos. Ni una sola línea en su artículado hace mención a esto o a los robos de perros de caza que perpetran algunas protectoras animales, una práctica cada vez más habitual y que cuenta con total impunidad.
Esta Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, su ley, fracasará antes o después si no se tiene en cuenta al mundo rural en general y al sector cinegético en particular. Y además pasará una importante factura política a aquellos partidos que permitan que salga adelante dejando fuera a los cazadores.
