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No nos estamos jugando la caza, nos estamos jugando la democracia

Imponer normas innecesarias basadas en ideologías radicales minoritarias contra la voluntad de la mayoría y menospreciando las herramientas y protocolos establecidos en nuestro sistema de derecho es algo de una gravedad nunca vista en nuestra democracia.

Dos manifestantes del 20M.
Dos manifestantes del 20M. © Ángel Vidal
Publicado: 14 de diciembre de 2022 / Actualizado el: 2022/12/14 - 12:02

Esto ya no va ni de izquierdas o de derechas, ni de cazadores o ecologistas. Ni siquiera, de estupidez contra sentido común. Lo que está en juego en estos momentos en el Congreso de los Diputados es la democracia que da cobijo a ese estado de derecho en el que, hasta ahora, todos nos hemos dotado de unas normas que nos han permitido prosperar con seguridad y libertad. Y lo que el Gobierno y los partidos que lo sostienen están perpetrando a estas horas en los pasillos de la Cámara Baja es un atentado contra nuestra democracia en toda regla.

Sin entrar en terrenos que exceden al ámbito cinegético, aunque son gravísimos e igualmente atentan contra nosotros como ciudadanos, como las sediciones, la injerencia política en el poder judicial o la malversación de ese dinero público que el estado nos arrebata bajo un eficacísimo sistema punitivo y represor, como españoles, como padres, como hijos o como amigos estamos en la obligación de dar un paso al frente y defender nuestra democracia en estas horas tan oscuras.

La tramitación de la Ley de Bienestar Animal y la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal que hoy siguen el paripé de su tramitación parlamentaria son un grave ataque a nuestra democracia y a nuestra forma de dotarnos de normas que regulen nuestra convivencia. No ya por el contenido liberticida redactado al dictado de una religión animalista fanática, sino por las formas en las que se está tratando de imponer.

Hagamos un repaso. El borrador del texto, redactado por la Dirección General de Derechos de los Animales dirigida por un militante de Unidas Podemos sin formación superior ni especializada en nada que tenga que ver con animales, fue redactado sin tener en cuenta a ninguno de los sectores afectados, ni a biólogos, ni a científicos, ni a veterinarios. El periodo de consulta pública recibió un aluvión histórico de alegaciones de todos estos sectores que fueron ignoradas por los redactores animalistas. El 20 de marzo de 2022, medio millón de personas procedentes de todos los puntos de España acudieron a Madrid para pedir su retirada. Se trata de una de las mayores protestas de la población civil en la historia de nuestra democracia. Nadie desde el Gobierno quiso escuchar las demandas de los ciudadanos.

«Lo realmente escalofriante no es ver que un Gobierno persigue e intenta acabar con una actividad por una simple cuestión ideológica, lo que asusta es ver el absoluto desprecio con el que tratan una democracia y un sistema de derecho que a todas luces les estorba para cumplir sus objetivos políticos»

Posteriormente, el Consejo de Ministros anunció su tramitación por la vía de urgencia un 1 de agosto, recién estrenadas las vacaciones de verano, huyendo de un proceso ordinario que garantizase los plazos normales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para hacer una buena ley. Iniciada la tramitación parlamentaria express, la mayor parte de las solicitudes de comparencia de expertos fueron rechazadas y, por si fuera poco, tuvieron lugar una vez cerrado el plazo de presentación de enmiendas. Es decir, permitieron hablar a una cantidad ínfima de expertos y afectados por la norma y lo hicieron cuando sus palabras ya no servían de nada, como denunció el científico Christian Gortázar.

Ahora, a pesar de la oposición de la sociedad civil, a pesar de los llamamientos desesperados de científicos, veterinarios y hasta juristas, el Gobierno parece empeñado en sacar adelante esta chapuza de ley que no era necesaria y que, desde luego, nadie quiere si no es redactada con el consenso de todos los españoles. Una nueva vergüenza legislativa a la altura de la Ley del «solo sí es sí» que, lejos de proteger a las víctimas ha terminado beneficiando a muchos agresores sexuales y violadores. Imponer normas innecesarias basadas en ideologías radicales minoritarias contra la voluntad de la mayoría y menospreciando las herramientas y protocolos establecidos en nuestro sistema de derecho es algo de una gravedad nunca vista en nuestra democracia.

Lo realmente escalofriante no es ver que un Gobierno persigue e intenta acabar con una actividad por una simple cuestión ideológica, lo que asusta es ver el absoluto desprecio con el que tratan una democracia y un sistema de derecho que a todas luces les estorba para cumplir sus objetivos políticos y seguir aferrados al poder. Por eso, lo que hoy nos estamos jugando no es solo la caza, nos estamos jugando la democracia. No permitamos que la menoscaben más de lo que ya lo han hecho.

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