Cuando se decidió prohibir la caza en los Parques Nacionales los expertos ya avisaron de que se trataba de un despropósito que traería graves consecuencias. Poco le importó al Gobierno y al Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, una vicepresidenta que aseguró que prohibiría la caza si pudiera, hacer efectiva esa iniciativa. Era un hito del ecologismo. Un paso más para quienes quieren acabar con la cultura del mundo rural y, de paso, con una de las pocas fuentes de riqueza que fijan población a la España despoblada.
Tres años más tarde los resultados del nefasto experimento, como el agua caída tras un gran chaparrón, guían a la razón hacia el cauce natural que ya predijeron aquellos expertos. Es necesario cazar. Por eso, Cabañeros ya ha tenido que aprobar un plan a marchas forzadas y Monfragüe hará lo propio a instancias del nuevo ejecutivo regional.
La cuestión no es baladí, puesto que la propia prohibición de cazar por una cuestión netamente ideológica está provocando una degradación en los parques por la sobrepoblación de ungulados que amenaza la propia conservación de estos entornos privilegiados. Y esto puede hacer que nuestro país esté infringiendo la Directiva Hábitats, la cual obliga a preservar estos espacios naturales al tiempo que no descarta la caza como una de las herramientas para lograrlo.
Nos puede salir caro en muchos sentidos.
A nivel administrativo, la situación es exactamente la misma que la vivida hace unos meses en Castilla-La Mancha, cuando el Parque Nacional de Cabañeros
Ahora que María Guardiola y su Gobierno han decidido volver a permitir la caza en Monfragüe, la prostituida maquinaria mediática no ha tardado ni un segundo en intentar politizar la cuestión, tratando de crear una polémica en la que PP y VOX se encuentran en el ojo del huracán. De hecho, la propia Teresa Ribera se ha sumado a esta intentona de desviar la atención de los verdaderos problemas del Estado echando leña al fuego a través de las redes sociales.
A nivel administrativo, la situación es exactamente la misma que la vivida hace unos meses en Castilla-La Mancha, cuando el Parque Nacional de Cabañeros aprobó un nuevo plan de gestión que volvía a permitir la caza en sus terrenos. Fueron pioneros, pero a diferencia de lo sucedido en Extremadura, ningún medio de comunicación afín al Gobierno de Pedro Sánchez vio ninguna polémica en ello. El hecho de que fuese una comunidad gobernada por el PSOE en lugar de por el PP y VOX fue suficiente para asumirlo con naturalidad.
Esto nos da una idea de lo poco que le importa la conservación de los parques nacionales y el mundo rural a la canalla política.
Para aclarar todo el follón creado en torno a Monfragüe, el ministerio de la verdad que trabaja en la sombra puso en marcha a la ‘neoinquisición’ de los «verificadores» de información. De esta manera, podíamos leer en uno de ellos que desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico explicaban que «si por motivos de conservación es necesario controlar una especie sobreabundante, como sucede con el ciervo y el jabalí en parques nacionales como los de Monfragüe o Cabañeros (en Castilla-La Mancha), se pueden utilizar herramientas cinegéticas, la caza, para el citado control si se cumplen una serie de estrictas condiciones. No obstante, nunca se podrá realizar la caza como actividad deportiva o como aprovechamiento».
Le ha faltado prohibir que se disfrute mientras se realiza ese control.
Y aquí es donde quería llegar yo.
La prohibición de la caza es un ataque a nuestra libertad individual oculto tras la imposición de las nuevas religiones verdes y su biblia, la Agenda 2030
Al margen de las nefastas consecuencias para los propios Parques Nacionales. Dejando a un lado los graves daños económicos y la despoblación a la que se condena a esa parte de la España rural. Sin tener en cuenta el ataque a la cultura rural y la forma de vida de nuestros propios indígenas, la prohibición es un ataque a nuestra libertad individual oculto tras la imposición de las nuevas religiones verdes y su biblia, la Agenda 2030.
Una intromisión más de papá estado que se ve inofensiva desde la lejana urbe. Puede que hasta tenga sentido cuando se mira desde una ciudad con unos ojos miopes de tanto titular wok en redes sociales. Pero eso no reduce su gravedad.
Privar a los pueblos o a los propietarios que han conservado hasta hoy los Parques Nacionales del derecho a cazar y a gestionar las especies cinegéticas como siempre lo han hecho en esas tierras es una intromisión a la libertad inadmisible.
Tan inconcebible como prohibir el sexo.
Imaginemos que papá estado decide hacerlo en base a una religión. Y que sólo permite la cópula bajo condiciones muy estrictas con el único fin de la reproducción. Nada de sexo lúdico, nada de amor y nada de preliminares. Mucho menos hacerlo como transacción comercial –eso queda reservado para ellos–. ¿Parece una locura, verdad?
Pues esto es lo que están haciendo con el mundo rural.
