La Fiscalía General del Estado ha investigado una de las causas más singulares relacionadas con el medioambiente de los últimos años por tratarse de un delito poco frecuente y sin apenas jurisprudencia. Se trata de la supuesta liberación ilegal de más medio millón de codornices japonesas hibridadas en Lleida, una especie invasora que amenaza el equilibrio biológico y el patrimonio genético de la codorniz común. La Guardia Civil ha detenido en relación a esta causa a un total de 58 personas.
La investigación se inició en el año 2020, cuando la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (Seprona) informó a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la operación Guatlla. Esta consistió en inspeccionar varias empresas de Lleida que se dedicaban a la cría y venta de carne y huevos de codorniz japonesa, una actividad legal, si bien también vendían ilegalmente ejemplares vivos cruzados de estas aves con la especie autóctona -y que eran casi indistinguibles- para alimentar a aves de cetrería o entrenar a perros de caza.
Cruzaban codorniz japonesa con común
La codorniz japonesa (Coturnix japonica) está catalogada en España como una especie exótica invasora y su posesión, transporte, tráfico y comercio está prohibido por ley, ya que compite y desplaza a la codorniz común (Coturnix coturnix) y puede hibridarse con ella. De hecho, los investigadores descubrieron que los productores denunciados habían cruzado ambas especies para hacerlas indistinguibles.
La Guardia Civil realizó 25 inspecciones en cotos de caza y 26 en granjas productoras tomando muestras biológicas para identificar la especie. De las 250 muestras analizadas, 29 correspondían a codorniz japonesa o híbridos. Se calcula que fruto de la venta ilegal de ejemplares hibridados se soltaron ilegalmente al menos 562.746 ejemplares vivos en el campo. La investigación señaló a tres granjas situadas en Lleida como las responsables de la comercialización en origen de esas aves.
Por todo ello la Fiscalía presentó una denuncia por un delito relativo a la protección de la fauna tipificado en el artículo 333 del Código Penal, que castiga con prisión o multa e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la causa a quien introduzca o libere especies no autóctonas que perjudiquen el equilibrio biológico. La Fiscalía considera este procedimiento judicial de gran interés, por su singularidad y por la falta de una línea jurisprudencial consolidada sobre este tipo penal. Por ello, dedicará los recursos humanos y técnicos necesarios para investigar lo sucedido, según consta en su memoria.
