La polémica Ley de Bienestar Animal que Unidas Podemos pretendía tener aprobada antes de que acabase el año ha quedado encallada en el Congreso. Los desacuerdos entre los socios de Gobierno han provocado un tira y afloja que ha hecho que su tramitación se posponga, posiblemente hasta después de Navidad.

Recordamos que hace unas semanas los socialistas defendieron que su enmienda presentada en la que se excluían a los perros de caza, rehalas, aves de cetrería y animales auxiliares continuaría adelante en su tramitación, puesto que estos animales contarían con su propia legislación, una solución a la que la formación morada se opuso. 

De esta forma, la pasada semana, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 -dirigido por Unidas Podemos- propuso al PSOE un punto intermedio para impedir que los perros de caza contasen con su propia legislación, con el objetivo de desbloquear las negociaciones de la ley, pero tampoco hubo acuerdo.

La RFEC: «Podemos no acepta la mayoría parlamentaria que pide la exclusión de la caza y paraliza la tramitación de la Ley Animalista»

© RFEC

Ante esto, la Real Federación Española de Caza ha emitido un comunicado en el que celebra que la tramitación de la ley animalista se haya paralizado: «Habiendo tenido conocimiento de la suspensión sine die de la ponencia reunida hoy en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados donde se está tramitando el proyecto de ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, la Real Federación Española de Caza (RFEC) denuncia que Podemos no acepte la mayoría parlamentaria que considera que los perros de caza y la actividad cinegética queden fuera de la Ley», comienza la nota de la RFEC.

Esta suspensión de la tramitación «se debe a la falta de acuerdo entre los socios de Gobierno, ya que Podemos no acepta la enmienda transaccional del PSOE, donde se recoge esta exclusión, y apoyada por el PP, PNV y Ciudadanos. Esta enmienda cuenta con el respaldo de un 64% de la representación del arco parlamentario, por lo tanto, Podemos demuestra, una vez más, que no acepta el Estado de derecho y democrático instaurado en nuestro país y lo que es peor, la voluntad de todos los españoles», argumenta la Federación.

Los hechos como los de hoy «evidencian lo que la RFEC lleva denunciando desde el inicio de la tramitación del proyecto de una Ley ideológica, sin ningún fundamento técnico, científico y jurídico, y que no ha contado con la participación de todos los sectores afectados siendo el proyecto legislativo más rechazado de la historia. Por ello, reiteramos una vez más a Podemos y al Ministerio de Asuntos Sociales que este Proyecto de Ley debe ser retirado», expone asimismo la RFEC.

Desde la Real Federación Española de Caza han agradecido en la misma nota «el apoyo de los grupos parlamentarios del PSOE, PP, PNV y Cs para evitar que la actividad cinegética se vea limitada por la aprobación del Proyecto de Ley, y espera que mantengan su postura a pesar de las presiones de diferentes colectivos animalistas y anticaza».

PSOE y Podemos pretendían negociar 657 enmiendas a la ley animalista en solo 10 días

Ione Belarra
Ione Belarra. © Europa Press

Asimismo, recordamos que PSOE y Podemos pretendían negociar 657 enmiendas a la ley animalista en solo 10 días y desoyendo a los expertos. Si el pasado 30 de diciembre el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, anunciaba que el texto que prepara el Gobierno se iba a someter a votación en el Congreso de los Diputados antes de que termine 2022 -finalmente no será así-, ese mismo día entidades como FAUNA -Federación de asociaciones relacionadas con el mundo animal- le recordaban a través de sus cuentas en redes sociales que si las fechas finales que baraja el Ejecutivo para la tramitación de la ley se cumplían, el tiempo iría en su contra.

La ponencia de trabajo fue este 12 de diciembre, la convocatoria de la Comisión de Derechos Sociales al día siguiente -este martes 13-, y el Debate en el Pleno, previsiblemente, el 22 de diciembre. Pero antes deben resolverse las 657 enmiendas parciales presentadas, por lo que el tiempo corría en contra del resultado del proceso de elaboración de la norma.

Hay que tener en cuenta que esa primera aprobación parlamentaria -que finalmente no será así- iba a coincidir con la víspera de las vacaciones de Navidad para los diputados, ya que el mes de enero es inhábil en el Congreso. En el mes de febrero, el texto iba a pasar por el Senado y, ya en marzo, de nuevo someterse a votación en el Congreso para su aprobación definitiva.