La Ley de Bienestar Animal presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez sigue generando polémica. Su articulado es tan descabellado que lleva camino de convertirse en una chapuza jurídica como la de ley del ‘sólo sí es sí’, que tras ser aprobada hace unos meses ahora está permitiendo reducir las penas a algunos violadores.
Si revisamos a fondo el texto del proyecto de la ley animalista, podemos ver que el Gobierno quiere obligar a los dueños de los perros a realizar un curso de formación para poder tener a su mascota. Además, establece que los animales deberán someterse a un test de sociabilidad para definir su carácter. Con este test, el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 derogará la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. Según los ideólogos de la ley animalista, cada perro se estudiará de manera individual, de manera que ya no habrá razas de perros peligrosas y aquellos animales que sean agresivos o supongan un riesgo pasarán de ser «perros potencialmente peligrosos» (PPP) a considerarse «perros de manejo especial».
Los perros de caza pasarán a ser «de manejo especial»
El texto de la ley propuesto exime a los cazadores de realizar el curso de tenencia y a sus perros de hacer el test, pero al mismo tiempo el artículo 39.4 del anteproyecto establece que «la ausencia de pruebas de sociabilidad supondrá la clasificación de los perros que desarrollan actividad cinegética como perros de manejo especial fuera de la actividad cinegética».
Por tanto, en el momento en el que se apruebe el texto todos pasarán a considerarse animales peligrosos, salvo que sus dueños los sometan al test de sociabilidad que aún no se sabe ni cómo ni quién lo realizará.
Más inseguridad jurídica para los cazadores
Como decimos, los actuales perros potencialmente peligrosos dejarán de tener esa consideración en el momento de la aprobación de la ley, a la espera de un test que los catalogue como «perros de manejo especial». Podrán pasear sin bozal y sin ninguna de las medidas preventivas a las que ahora están obligados. Eso no pasará con los perros de caza, que en cambio sí tendrán que someterse a ellas desde el momento en el que se apruebe la ley.
Además, quedarán expuestos a una grave inseguridad jurídica, puesto que el reglamento que se desarrollará posteriormente tras la aprobación de la norma podría establecer requisitos o sanciones muy difíciles de asumir para los dueños de estos perros si no los someten al test de sociabilidad del que, supuestamente, están exentos.
Como ejemplo de esa inseguridad jurídica, ya en su artículo 28.3, el proyecto de ley animalista establece que los perros de manejo especial «deberán disponer de condiciones de seguridad suficientes para evitar fugas o posibles agresiones». Esto, trasladado a una rehala, podría suponer la obligatoriedad de disponer de sistemas de seguridad adicionales y cheniles individuales para poder tenerla. Y no olvidemos que el régimen sancionador, en caso de no cumplir las normas, será extremadamente punitivo.
Esto también choca con una enorme cantidad de normas autonómicas e incluso locales construidas en torno a la figura de los PPP, en las que las diferentes administraciones exigen requisitos como licencias de tenencia para este tipo de perros. En resumen, un desaguisado jurídico de gigantescas proporciones.
Multas de hasta 10.000 euros
El proyecto de la polémica Ley de Bienestar Animal no solo pretende imponer la ideología animalista con consecuencias negativas en sectores como la comercialización de animales o la caza. La ley afectará a toda la población estableciendo un gran número de prohibiciones que acarrearán importantes castigos por incumplirlas. Su régimen sancionador considera como infracciones leves, multadas con entre 500 y 10.000 euros, «aquellas conductas que, por acción u omisión, conlleven la inobservancia de las prohibiciones y obligaciones establecidas en esta ley». Desde tener a un perro sin haber hecho un cursillo, ejercer la mendicidad con un can, que una perra que se quede preñada sin permiso, dejar peces sin supervisar más de tres días…
Puedes consultar aquí algunos de los motivos absurdos por los que la ley animalista podrá multarte con hasta 10.000 euros.
