Carmen Suárez, una vecina de 75 años de la localidad asturiana de Sonande, será indemnizada por el Principado de Asturias con 83.600 euros tras el ataque que sufrió por parte de un oso el 30 de mayo de 2021. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, tras un largo proceso judicial que comenzó después de que la víctima no recibiera respuesta a su solicitud de responsabilidad patrimonial.
Un proceso judicial lleno de obstáculos
El fallo judicial reconoce la responsabilidad de la Administración por los daños que sufrió Suárez mientras caminaba por la carretera de acceso a su pueblo. La víctima, representada por el abogado Juan Ramón Campo y con la colaboración de su compañera Laura Arias, inició una batalla legal en agosto de 2022, cuando cursó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Consejería de Medio Rural del Principado.
Según el letrado, la respuesta fue inexistente. «El proceso fue un auténtico calvario hasta conseguir que la justicia reconociera la responsabilidad de la Administración del Principado por el ataque del oso a Carmen Suárez», afirma Campo en declaraciones a La Nueva España, quien junto a la familia exige además responsabilidades políticas por lo ocurrido. Denuncia que se les negó el acceso a los expedientes del accidente, obstaculizando las reclamaciones legítimas de la afectada.
La Administración negó su responsabilidad
Cuando en septiembre de 2021 comenzaron a pedir los informes al Servicio de Emergencias y a la propia Consejería de Medio Rural, no obtuvieron contestación. Esta actitud les obligó a acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en marzo de 2023 les concedió tan solo un acceso parcial y limitado a la documentación solicitada.
Ante el silencio institucional, en febrero de 2023 interpusieron un recurso contencioso-administrativo que terminó con una sentencia favorable. Campo detalla que la única respuesta oficial llegó cuando el proceso judicial ya estaba en marcha, y fue negativa. «Rechazaban las reivindicaciones en base a argumentos tan absurdos como que era algo imprevisible», critica.
La sentencia da la razón a la víctima
La resolución del Tribunal no cuestiona ni el ataque ni los daños, sino que analiza si existe una obligación por parte de la Administración de responder por ellos. Los magistrados entienden que la Ley de Caza establece un sistema de responsabilidad por daños provocados por fauna salvaje y advierten sobre una grave incoherencia: «Debe hacerse notar la paradoja de que el Principado indemnice los daños producidos a la cabaña ganadera, pero no así los causados a personas».
Esta sentencia marca un precedente importante en la gestión de la convivencia con la fauna salvaje en el norte peninsular, especialmente en territorios con fuerte presencia de osos pardos.
