La Unión Europea ha pedido al Gobierno de España que vuelva a permitir la caza regulada en el Parque Nacional de Cabañeros para frenar el deterioro de este espacio protegido. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado un informe, tras la visita de una delegación de eurodiputados a Castilla-La Mancha, en el que reclama revisar el actual modelo de gestión, introducir mecanismos eficaces de control poblacional e integrar la actividad cinegética en las estrategias de conservación cuando esté científicamente justificada.
El texto supone un importante respaldo institucional a la recuperación de la caza como herramienta de gestión en Cabañeros. No se trata de una reclamación aislada de propietarios o asociaciones afectadas, sino de una conclusión política alcanzada después de que los eurodiputados escucharan a peticionarios, técnicos, responsables locales, administraciones y propietarios, y comprobaran sobre el terreno los efectos de la sobrepoblación de ciervo (Cervus elaphus) y jabalí (Sus scrofa) sobre la vegetación, el suelo y la biodiversidad del parque.
El origen del problema: la prohibición de cazar en los parques nacionales
El conflicto tiene su origen en la prohibición de la caza en los parques nacionales, una medida prevista en la Ley 30/2014, de Parques Nacionales, que estableció que esta actividad no podía mantenerse como aprovechamiento en estos espacios protegidos. La norma incluía una moratoria de seis años para articular acuerdos, compensaciones o alternativas de gestión. Esa moratoria terminó en diciembre de 2020 y, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, la prohibición se hizo efectiva en parques nacionales como Cabañeros a pesar del rechazo del mundo rural.
A partir de ese momento, según vienen denunciando los propietarios y la Asociación de Afectados del Parque Nacional de Cabañeros, se eliminó el principal mecanismo que hasta entonces permitía mantener las poblaciones de ungulados en niveles compatibles con la capacidad del ecosistema. Los afectados sostienen que no se cerraron acuerdos individuales con todos los propietarios, que no se abonaron las indemnizaciones correspondientes por la pérdida de aprovechamientos y que tampoco se puso en marcha una alternativa eficaz para sustituir a la caza como herramienta de control poblacional.
La consecuencia, según los peticionarios, ha sido una situación de desequilibrio ecológico cada vez más evidente: exceso de animales, pérdida de regeneración vegetal, erosión del suelo, deterioro de hábitats y un fuerte impacto económico en los pueblos del entorno. Ese es el problema que ahora ha llegado a Europa y que el Parlamento Europeo recoge en su informe.
Jara y Sedal ya advirtió del precedente holandés
Jara y Sedal ya había advertido de este riesgo al analizar el caso de Oostvaardersplassen, una reserva natural de 5.600 hectáreas creada en la región holandesa de Flevoland. Allí se aplicó desde los años ochenta un modelo de gestión basado en la no intervención humana, con prohibición total de la caza y la introducción de grandes herbívoros para mantener la vegetación bajo control.
El resultado terminó siendo dramático. En 2017, los ungulados superaron los 5.000 ejemplares y la combinación de inviernos duros, falta de alimento, ausencia de depredadores y un espacio vallado provocó una hambruna masiva. La mitad de los grandes herbívoros murió por inanición, lo que desencadenó una fuerte polémica social en los Países Bajos. Un año después, para evitar que la situación se repitiera, los guardabosques tuvieron que abatir siete de cada diez ciervos: 1.737 animales.
Aquel caso puso en cuestión la idea de que la naturaleza siempre se autorregula cuando se excluye al ser humano. En Cabañeros, los afectados llevan años alertando de un riesgo similar: que la prohibición de la caza, lejos de proteger el parque, termine destruyendo los hábitats que precisamente justificaron su protección.
Además, la Unión Europea ya había reconocido en una carta que la caza no es incompatible por sí misma con los parques nacionales ni con la conservación, siempre que esté regulada, tenga justificación técnica y sea compatible con los objetivos de protección de la biodiversidad. El nuevo informe aprobado por la Comisión de Peticiones va ahora un paso más allá al pedir expresamente que se integre la caza regulada en las estrategias de gestión de fauna silvestre cuando resulte científicamente justificada.
Los afectados llevaron el caso a Europa
Las peticiones 0819/2024 y 1334/2024 llegaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar la supuesta insuficiente protección del medio natural, la degradación de la biodiversidad y posibles deficiencias en el cumplimiento de la legislación ambiental de la Unión, en particular la Directiva Hábitats y la Directiva Aves.
Durante la misión, Miguel Temboury, miembro de la Asociación de Afectados del Parque Nacional de Cabañeros, explicó que desde el 5 de diciembre de 2020 las administraciones aplican las limitaciones de la Ley de Parques Nacionales sin haber cumplido, a juicio de los propietarios, las obligaciones previstas: elaboración de criterios técnicos con participación de los afectados, acuerdos individuales para su incorporación al Plan Rector de Uso y Gestión, indemnizaciones o expropiación de derechos como vía subsidiaria.
Temboury subrayó ante los eurodiputados que la prohibición de la caza había eliminado «el único mecanismo eficaz» para mantener las poblaciones de ungulados en niveles ecológicamente sostenibles. Rafael Sánchez, representante de la Asociación de Afectados, sostuvo que la inacción administrativa ha provocado un declive progresivo de la biodiversidad que afecta tanto a la flora como a la fauna.
Dos Cabañeros dentro del mismo parque
La visita de los eurodiputados al terreno fue clave. La delegación recorrió la zona pública del parque y también fincas privadas, donde propietarios y técnicos mostraron el contraste entre áreas cerradas al acceso de ungulados y zonas abiertas al ramoneo.
En una parcela vallada, donde ciervos y jabalíes no podían entrar, los eurodiputados observaron brotes de encina, arbustos y ramas bajas que se desarrollaban de forma natural. Fuera de ese cerramiento, la situación era muy distinta: los animales habían consumido la vegetación accesible, la regeneración natural era escasa y algunas especies vegetales presentes dentro del recinto no aparecían en el exterior.
El veterinario e investigador Christian Cortázar describió la situación como un caso clásico de exceso de fauna silvestre. Según explicó durante la visita, el dominio excesivo de cérvidos y jabalíes provoca una grave pérdida de biodiversidad, con ausencia de estrato herbáceo y arbustivo, falta de regeneración de alcornoques y fresnos y empobrecimiento de la comunidad animal asociada a esos hábitats.
Los datos aportados por los afectados refuerzan esa alarma. Según la información trasladada a la delegación, una densidad sostenible rondaría los 25 animales por kilómetro cuadrado, mientras que en algunas zonas del parque se acercaría a los 100. También se señaló que más del 60 % de las especies naturales de las zonas afectadas estarían en riesgo en términos de sostenibilidad a largo plazo.
El informe europeo: la caza regulada entra en la solución
Las recomendaciones aprobadas por la Comisión de Peticiones son claras. El informe pide a las autoridades competentes que garanticen la aplicación efectiva de la legislación medioambiental de la Unión y que reevalúen el marco de gestión del Parque Nacional de Cabañeros para proteger la biodiversidad sin marginar a las comunidades locales ni las actividades tradicionales.
El documento también destaca la necesidad de una gestión de la vida silvestre con base científica y de introducir mecanismos de control poblacional para abordar el desequilibrio ecológico causado por la sobrepoblación de ungulados. Y, de forma especialmente relevante para el sector cinegético, alienta la integración de la caza regulada en las estrategias de gestión de fauna silvestre cuando esté científicamente justificada y sea compatible con los objetivos de conservación.
El informe no modifica por sí solo la legislación española, pero sí envía un mensaje político muy claro: para el Parlamento Europeo, la conservación de Cabañeros no pasa por excluir la caza de forma absoluta, sino por recuperarla como una herramienta regulada, científica y útil para mantener el equilibrio ecológico.
Un texto reforzado pese al rechazo de la izquierda
El documento se ha visto reforzado además por varias enmiendas de gran calado. Una de ellas advierte de que las actuales prácticas de gestión en Cabañeros, incluida la prohibición de medidas efectivas de control poblacional, han provocado sobrepoblación de ungulados, degradación de la vegetación, erosión del suelo y deterioro de la biodiversidad, en contra de los objetivos de la legislación ambiental europea.
Otra enmienda reconoce el papel fundamental de la caza como herramienta de gestión de la vida silvestre cuando esté científicamente justificada y sea compatible con la conservación, con el objetivo de mantener el equilibrio ecológico, salvaguardar la biodiversidad, proteger la actividad agraria y contribuir a la seguridad pública.
También se incorporan referencias a la necesidad de integrar la protección de la biodiversidad con la actividad económica rural y cinegética sostenible, así como una petición para que la Comisión Europea adopte medidas ante la falta de actuaciones inmediatas por parte del Gobierno de España y de las autoridades competentes para corregir la situación en el área privada del parque.
El informe no ha estado exento de tensión política. Los grupos de izquierda intentaron rebajar o tumbar el alcance del texto, especialmente por el reconocimiento de la caza regulada como herramienta de gestión. Sin embargo, el informe ha salido adelante y deja una conclusión incómoda para el Gobierno español: Europa pide revisar el modelo actual y recuperar controles efectivos de fauna, incluida la caza.
El OAPN defiende sus capturas y la Junta acepta un control planificado
Durante la misión, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales defendió que existe un Plan de Gestión de Ungulados Silvestres y presentó datos de capturas. Según la información trasladada a los eurodiputados, hasta el 13 de febrero de 2026 se habían capturado 5.252 ciervos, el 78,06 % de las extracciones previstas, y 1.101 jabalíes, el 64,27 % del objetivo establecido. El parque dispone, además, de trece instalaciones de captura para ciervos y nueve para jabalíes.
No obstante, los afectados sostienen que este modelo no ha sido suficiente para corregir el deterioro en las fincas privadas, donde las negociaciones con los propietarios han avanzado con lentitud. El propio informe europeo recoge que aproximadamente la mitad del parque es de titularidad privada y que hasta ahora solo se ha alcanzado un acuerdo de gestión con una finca, mientras otros continúan pendientes.
La Junta de Castilla-La Mancha también ha defendido que no se opone al control poblacional de ungulados, siempre que se haga con planificación. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ya señaló durante la visita europea que «con un buen plan de ungulados no hay absolutamente ningún problema; al contrario, estamos a favor».
Los pueblos aseguran que el turismo no ha compensado la pérdida de la caza
El informe también recoge el impacto económico y social de la prohibición. Alcaldes, representantes provinciales y propietarios trasladaron a los eurodiputados que la caza sostenía una parte importante de la economía local, especialmente en invierno, cuando generaba actividad en alojamientos rurales, hoteles, restaurantes, transporte, carnicerías, veterinarios, servicios de finca, guardería y comercio local.
Los representantes municipales denunciaron pérdidas de hasta un millón de euros en la zona. También expusieron casos concretos, como una finca de unas 3.500 hectáreas en la que la suspensión de la actividad cinegética habría provocado una pérdida estimada de 400.000 euros anuales directos y un impacto total de unos 700.000 euros. En otro municipio con unas 33.000 hectáreas tradicionalmente dedicadas a la caza, se estimaron pérdidas superiores a los 40 millones de euros.
Los afectados insistieron en que el turismo vinculado al parque no ha compensado la desaparición de la actividad cinegética. Al contrario, sostienen que la prohibición ha agravado la despoblación rural, ha reducido el empleo y ha debilitado la economía de municipios que ya contaban con pocas alternativas.
¿Qué va a pasar ahora?
El Parlamento Europeo reclama ahora una revisión del modelo de gestión aplicado en Cabañeros, con más rapidez en los acuerdos pendientes con los propietarios privados y una nueva evaluación del estado ambiental y socioeconómico del parque. También pide que se pongan en marcha mecanismos eficaces de control poblacional para corregir el desequilibrio provocado por el exceso de ungulados.
El fondo del informe es claro: la caza regulada deja de ser tratada como una amenaza y pasa a situarse dentro de las posibles soluciones. Europa pide a España que actúe, que no mantenga la prohibición absoluta como única respuesta y que abra la puerta a una gestión basada en criterios científicos, capaz de conservar la biodiversidad sin condenar a los pueblos del entorno ni dejar que los ecosistemas sigan deteriorándose.
El documento no modifica por sí solo la normativa española, pero sí deja una conclusión de gran calado: para salvar el Parque Nacional de Cabañeros, la Unión Europea entiende que la caza regulada puede y debe recuperarse como una herramienta compatible con la conservación.
