Este jueves, el pleno del Congreso de los Diputados ha debatido conjuntamente las dos leyes animalistas impulsadas desde el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030: la Ley de Bienestar Animal y la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal. Y ambas, el gran proyecto del director General de Bienestar Animal -Sergio García Torres-, han salido adelante. Incluido lo que esconden tras ellas: una gran red de ‘chiringuitos’.

La aprobación ha sido tomada por el lobby animalista como una «traición» del partido morado. Todos han alzado la voz contra Unidas Podemos, quien prometió que tumbaría la ley si esta excluía a los perros de caza. Desde PACMA hasta mediáticos animalistas como Dani Rovira o el veterinario y director y presentador del programa ‘Como el perro y el gato’ de Onda Cero, Carlos Rodríguez, quien escribió en su perfil oficial de Twitter tras conocer el voto a favor de Unidas Podemos: «Indecente ver a seres impresentables, presuntamente defensores de los animales, felicitándose por el resultado de la ley. Ante la incompetencia manifiesta, los palmeros, y las palmeras, intentando lavar la cara del que traga mierda a cubos para seguir chupando. Traidores».

¿Por qué entonces Unidas Podemos traicionó a los animalistas? Antes de responder a esa pregunta, pongámonos en contexto y recordemos que sólo en los dos últimos años el Gobierno ha aprobado subvenciones por valor de cinco millones de euros para los grupos animalistas. Y, a partir de ahora, llegará la ‘barra libre’ para este colectivo con la aprobación de un texto que plantea la creación de una serie de entidades de múltiples nombres que, a su vez, crearán una red clientelar para financiar este lobby a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Algunos de los chiringuitos de la ley aprobada este jueves

Entre los ‘chiringuitos’ planteados por la ley animalista desarrollada por el director general de Derechos de los Animales de Unidas Podemos a medida para sus simpatizantes de las entidades de protección animal se encuentra la creación del llamado Consejo Estatal de Protección Animal, que será un órgano colegiado consultivo de Coordinación entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Tras éste, también se crea el Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales. Lo compondrán miembros de los diferentes ministerios relacionados con los animales además de «otros profesionales e investigadores en campos relacionados con animales objeto de esta ley».

También se contempla la creación de Consejo Estatal de Protección Animalcuyo único objetivo es crear una estructura para contratar a animalistas también afines a la ideología de Sergio García Torres sin limitaciones. Y asimismo los Centros Públicos de Protección Animal. Todo ello financiado con dinero público para el beneficio del lobby animalista.

Esta ley también consolida el ‘puestazo’ de García Torres, por el que cobra 86.000 euros al año

Por otro lado, la aprobación de esta ley ‘consolida’ el sueldo del propio Sergio García Torres, un alto cargo del Gobierno colocado a dedo e impulsor de la polémica ley a pesar de no tener estudios que lo capaciten para ello. El director animalista se embolsa 86.000 euros al año, una cantidad superior incluso a la que cobra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

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