El director general de Derechos de los Animales del Gobierno, Sergio García Torres, aseguró en varias ocasiones que dimitiría si los perros de caza quedaban excluidos de la ley animalista, como finalmente así ha sucedido tras la votación celebrada esta mañana en el Congreso de los Diputados. ¿Cumplirá con su palabra?
Fue el pasado mes de junio durante el I Congreso de Derecho de los Animales en el Colegio de Abogados de Madrid cuando aseveró que así lo haría. «Una ley estatal que excluya a los animales de actividad cinegética no va a salir de nuestro departamento. Antes de eso, yo lo digo públicamente, la ley se tumbaría y yo dimito», señalaba García Torres.
Tras un intenso recorrido, la ley llegaba hoy al hemiciclo para ser votada incluyendo la enmienda presentada por el PSOE que dejaba fuera a los perros de caza. Sin embargo, y a pesar de que desde Unidas Podemos habían asegurado en los últimos días que su formación no apoyaría la continuación de la normativa si excluía a los canes de los cazadores, finalmente han votado a favor incumpliendo su palabra.
¿Dejará Sergio García Torres el puesto por el que cobra 86.000 euros?
Ante esta tesitura, si Sergio García Torres es serio y se mantiene fiel a su palabra, deberá dejar el cargo por el que percibe 86.108 euros anuales tras el acuerdo al que han llegado esta mañana la mayor parte de los grupos políticos del Congreso.
Además, deberá abandonar un puesto desde el que debería haber gestionado un disparatado presupuesto en 2023. Si el año pasado informábamos de que el ejecutivo de Pedro Sánchez había elevado el gasto público dedicado a la Dirección General de Derechos de los Animales un 32,26% con respecto a 2021, este año ha vuelto a superar esa cifra, y con creces. Según los Presupuestos Generales del Estado aprobados recientemente, el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra se gastará 7.481.710 euros este año. Un suculento pastel que supera en 1,4 millones la asignada en 2022, cuando ya fue de 6.080.610 euros.
