El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por el cazador que, en noviembre de 2020, abatió accidentalmente a una osa durante una batida de jabalíes en la Montaña Palentina. Con esta decisión, la sentencia que le condena a dos años de prisión, cuatro de inhabilitación y al pago de 17.505,95 euros de indemnización queda definitivamente ratificada, sin posibilidad de más recursos.
El Supremo avala la versión de los tribunales previos
La decisión del alto tribunal refrenda plenamente los criterios establecidos tanto por el Juzgado de lo Penal de Palencia como por la Audiencia Provincial, que ya habían condenado al cazador por su actuación negligente. En su resolución, el Supremo rechaza una por una las alegaciones presentadas por su defensa, en las que trataba de exculparse alegando el carácter accidental del disparo.
Según se desprende de la sentencia, el tirador habría extremado las precauciones necesarias pese a encontrarse en una zona con presencia conocida de osos. «El disparo fue realizado por el acusado a una distancia de unos 40 metros sin extremar las precauciones necesarias, sin emplear el visor que llevaba, pese a ser advertido y ser conocedor de que se encontraba en una zona osera, y sin comprobar ni cerciorarse con toda la seguridad que es necesaria por el lugar en el que se encontraba del tipo de especie o ejemplar al que estaba disparando», recoge la sentencia. El análisis judicial concluye que actuó por tanto con «dolo eventual», dado que era residente habitual, jefe de cuadrilla y conocedor de la zona en la que sucedieron los hechos.
La Fiscalía y la FOP solicitaron la condena
La Fundación Oso Pardo (FOP), que se opuso al recurso desde el principio, celebró que el Supremo mantenga la sentencia condenatoria. La Fiscalía, por su parte, había pedido esa misma pena, a la que la FOP se adhirió como acusación popular. La condena implica también el pago de una indemnización a la Junta de Castilla y León, aunque esta se ha visto reducida a la mitad de lo solicitado inicialmente, al considerarse que la administración autonómica también tuvo parte de responsabilidad al autorizar la cacería en una época no adecuada.
Cabe recordar que la osa abatida se encontraba acompañada de un osezno, que nunca llegó a ser encontrado pese al operativo de búsqueda desplegado durante días tras el trágico suceso.
Un caso complejo con responsabilidad compartida
En sus fundamentos, la sentencia también hace hincapié en el trabajo exhaustivo de la Guardia Civil en la toma de declaraciones, así como en las diligencias desarrolladas durante la fase de instrucción en Cervera de Pisuerga. Se destaca además la complejidad de la causa y el elevado número de actuaciones llevadas a cabo para esclarecer los hechos.
Finalmente, el fallo atribuye una parte de la responsabilidad a la propia Junta de Castilla y León, por lo que la indemnización impuesta al cazador es menor de la inicialmente reclamada. Aun así, la resolución deja claro que ya no cabe posibilidad de apelación y que el cazador deberá cumplir íntegramente la condena impuesta.
