Ayer tuvo lugar en el Senado el debate de las leyes animalistas impulsadas desde el ejecutivo de Pedro Sánchez. La mayor parte de la atención de medios y sectores afectados se centró en ver si finalmente era vetado o no el Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales del Gobierno, el cual finalmente no afectará a los perros de caza. A pesar de ello, lo verdaderamente importante para el sector cinegético era el trámite de la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal, una vieja reivindicación del sector anticaza de Unidas Podemos que ha contado con el apoyo incondicional del PSOE.
La retirada o, al menos, modificación de esta propuesta era una de las principales reivindicaciones del sector en la masiva manifestación del 20 de Marzo en Madrid. Una reivindicación que no ha sido escuchada por el PSOE, a pesar de las advertencias del Consejo General del Poder Judicial, quien ha llegado a calificarla como «difícilmente conciliable» con la caza.
Además, en su informe el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se mostraba muy crítico con el Anteproyecto de modificación del Código Penal en materia de maltrato animal advirtiendo que la medida impulsada por PSOE y Unidas Podemos contemplaba la misma condena por lesionar a una mascota que a una persona y que podría afectar al principio de proporcionalidad de las sanciones. Por otro lado, el informe advertía que si se compara el delito de lesiones de animales vertebrados que no requieran tratamiento veterinario con el delito leve de lesiones a las personas que no requieran tratamiento médico o quirúrgico, la pena es la misma.
¿Por qué es tan peligrosa esta reforma para la caza?
La reforma del Código Penal podría afectar gravemente la caza ya que modifica la consideración de maltrato animal extendiéndola a todos los animales vertebrados en lugar de solo a las mascotas como hasta ahora y establece penas de prisión de seis meses a dos años y medio para «quien maltrate a un animal vertebrado». Aunque podríamos pensar en un principio que la caza no se verá afectada al ser una actividad legalmente regulada –esta es la excusa esgrimida por los anticaza de PSOE y Unidas Podemos para tratar de convencer al sector cinegético de que no le afectará– la realidad jurídica es muy distinta y, de aprobarse, finalmente generaría una profunda inseguridad para los aficionados a la actividad cinegética, como ya te explicamos ampliamente este artículo.
El texto aprobado ayer en la Cámara Alta establece se considerará maltrato animal cualquier lesión física que se realice a un animal salvaje «salvo que estés amparado por la Ley». ¿Significa esto que si la caza está amparada por la ley no se considera maltrato? De ninguna manera.
Podemos plantear bastantes ejemplos: Si de manera fortuita una rehala captura una cierva en una montería en la que no se puede disparar a hembras, el rehalero podría ser acusado de cometer un delito de maltrato animal con consecuencias penales, puesto que esa captura no está amparada por la Ley. Lo mismo podría interpretarse si el halcón de un cetrero se extravía y captura una liebre en el coto vecino del que su propietario no sea socio o si el perro de un cazador coge a diente un conejo más del cupo. También lo sería cazar con la licencia de caza caducada por un descuido, por ejemplo.
Además el texto propone que a la hora de la condena actúe como agravante el uso de «armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas o dañinas para la vida del animal». Esto implicaría la prohibición de caza con cualquier tipo de arma. Pero aún hay más: de ser aprobado también podría ser utilizado para poner fin a la caza con perros o, incluso, la cetrería, al considerar también como agravante el «haber utilizado otro animal como instrumento para causar lesiones».
