La modernización de la flota del SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, ha derivado en polémica. A finales de 2022, el Ministerio del Interior presentó con orgullo la adquisición de 157 motocicletas eléctricas ZERO FX ZF7.2, destinadas a reforzar el trabajo de vigilancia en el medio natural. Sin embargo, años después, las críticas se han multiplicado tanto dentro como fuera del cuerpo.
En los últimos meses, las redes sociales han ardido tras la publicación de un vídeo en el que se muestra uno de estos vehículos. En la grabación, un usuario lanza una ironía que ha sido replicada miles de veces: «Y con esto pretenden que la Guardia Civil persiga a la gente. Con una Zero eléctrica. Me cago en la leche. Pobrecillo el que le toque hacer el servicio encima de este trasto». El comentario resume el sentir de muchos usuarios que consideran que estas motos no solo no son prácticas, sino que suponen un obstáculo para el desempeño eficaz de los agentes en el campo.
Cuatro horas de autonomía y muchas dudas
El modelo elegido, ZERO FX ZF7.2, dispone de una batería de 7,2 kWh, lo que en condiciones ideales permite recorrer hasta 146 kilómetros en ciudad. Sin embargo, en pruebas reales, esta cifra desciende drásticamente: 89 kilómetros en entornos urbanos y tan solo 68 en vías de circunvalación. En un entorno rural, con terrenos irregulares y pendientes, la autonomía puede ser aún menor, reduciendo su utilidad a apenas cuatro horas de servicio continuo.
A esto se suma el problema de la recarga: estas motos necesitan unas siete horas enchufadas a un cargador doméstico para volver al 100%, lo que imposibilita su uso intensivo o en situaciones de emergencia. La intención inicial era apostar por una movilidad más sostenible, pero los resultados han hecho que muchos se cuestionen si se ha tenido en cuenta la realidad del trabajo en el monte.
La propia Guardia Civil pidió su retirada
Las críticas no solo han llegado desde fuera. Desde dentro del propio SEPRONA, algunos agentes solicitaron formalmente la retirada de las motos eléctricas. La asociación profesional Jucil fue especialmente contundente en este aspecto, al denunciar en redes sociales y comunicados públicos las deficiencias de los vehículos.
Según Jucil, la falta de neumáticos todoterreno, la ausencia de un guardabarros delantero y la carencia de defensas laterales hacen que estas motos sean directamente peligrosas en campo abierto. «Entorpece sacar la pierna buscando posibles apoyos y puede provocar golpes en las piernas del motorista», denunciaron, remarcando los riesgos operativos que conlleva su uso diario.
La sostenibilidad no basta sin eficacia
Aunque la iniciativa de dotar al SEPRONA con vehículos más respetuosos con el medio ambiente partía de una buena intención, la implementación ha evidenciado un profundo desconocimiento de las necesidades reales de los agentes. En un trabajo que exige adaptabilidad, resistencia mecánica y tiempos de reacción rápidos, las motos eléctricas no han estado a la altura.
El coste del contrato, que ascendió a 2,2 millones de euros, incluía un kit policial con bolsa de transporte, pilotos y sirena, defensas y protectores de puño. Pero todo ello parece insuficiente si el vehículo no puede seguir el ritmo del operativo.
La polémica está servida, y mientras las motos se acumulan en los garajes, muchos se preguntan si esta decisión fue una apuesta estratégica mal planificada o simplemente un gesto de cara a la galería.
