El conflicto en torno al control poblacional del lobo en Cantabria ha sumado un nuevo episodio judicial. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado suspender cautelarmente las extracciones de lobos programadas por el Gobierno autonómico, tal y como pedían Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cántabra. La clave del fallo radica en que la especie no se encuentra en una situación de conservación desfavorable.
El auto, difundido este viernes, responde a la solicitud de ambas asociaciones para dejar sin efecto la resolución del 2 de abril de 2025, que fija en 41 lobos el cupo de extracciones para la temporada 2025-2026. El tribunal ha tenido en cuenta las alegaciones presentadas por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, y concluye que no existe fundamento legal suficiente para frenar el plan.
El lobo, en equilibrio con la ganadería
Según la resolución, el actual régimen de protección del lobo permite su control siempre que no se comprometa su conservación favorable. El tribunal señala que no se exige el «mejor estado posible» de la especie ni una expansión continua, sino garantizar su supervivencia a largo plazo. Por tanto, la existencia de ejemplares suficientes y una población estable son condiciones suficientes para permitir extracciones.
Uno de los aspectos más destacados del auto es el examen de proporcionalidad que realiza la Sala. En él, se señala que la protección del lobo ya no se presenta como un valor absoluto, sino que debe equilibrarse con la defensa de otros bienes jurídicos relevantes, como la ganadería. En este sentido, el auto enfatiza que la extracción de ejemplares no implica caza libre y sin límites, sino una acción justificada y acotada a la protección de un sector estratégico.
El recurso sigue adelante
Aunque el tribunal ha desestimado la medida cautelar, el recurso contencioso-administrativo sigue su curso. Las asociaciones ecologistas impugnaron la resolución del Gobierno cántabro y buscan que sea declarada nula. El TSJC deberá pronunciarse más adelante sobre el fondo del asunto, y determinar si la resolución se ajusta o no a la legalidad.
La sentencia recuerda que, según la normativa europea, cualquier actuación sobre una especie de interés comunitario como el lobo debe justificarse en base a la protección de otros intereses legítimos, como es el caso del sector ganadero. También insiste en que no hay vía libre para dar muerte indiscriminada a la especie, sino que debe mantenerse la contención y la justificación técnica y legal de cada intervención.
Satisfacción en el Gobierno cántabro
La consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos, ha celebrado la decisión del tribunal, que interpreta como un respaldo al trabajo del Ejecutivo regional. «Constata el trabajo serio, científico y riguroso realizado por el Gobierno de Cantabria para llevar a cabo el tan necesario control poblacional del lobo», ha declarado.
Susinos también ha valorado que el auto imponga las costas del proceso a los demandantes —300 euros— y que califique de «tremendista y ausente de justificación» la afirmación ecologista de que esta resolución desencadenaría una masacre. Según ha subrayado, el plan del Gobierno «sigue escrupulosamente la ley» y permite compatibilizar la presencia del lobo con la pervivencia de la ganadería extensiva.
«Si hacemos caso a los ecologistas y al Gobierno de Pedro Sánchez, nuestra ganadería morirá porque no quedará ni un animal en nuestros montes, ni en nuestros pueblos y no quedará ningún ganadero que críe ganado para dar de comer al lobo», ha zanjado la consejera.
En Cantabria, los datos oficiales reflejan la magnitud del problema: solo en 2024 se certificaron 2.681 ataques de lobo, con 3.233 cabezas de ganado muertas y 207 heridas. Cifras que explican por qué la administración regional defiende la necesidad de una gestión activa de la especie.
