Polémica tras polémica. Eso es lo que la nueva ley animalista del Gobierno de España está generando en el país tras el anuncio de su aprobación y su próxima entrada en vigor a partir del 29 de septiembre de 2023. Sin duda, uno de los aspectos más controvertidos de ella es el que hace referencia a la protección de las colonias de gatos callejeros.

Respecto a esto, el texto prohíbe, explícitamente, el control de los gatos callejeros y asilvestrados. Dicha medida ha seguido adelante a pesar de haber recibido la advertencia, en repetidas ocasiones, de grupos de expertos acerca de la peligrosidad de estos animales para el entorno que les rodea.

La ley animalista sigue protegiendo a los gatos callejeros e ignora a los expertos

Por su parte, un estudio demuestra que estos son los responsables de la extinción de un total de 63 especies de animales. Asimismo, el programa Equipo de Investigación dedicó un episodio a este asunto. Christian Gortázar, científico, aseguró que «los gatos no confinados causan impactos negativos que afectan a la habitabilidad en el medio urbano y a la salud pública».

En el mismo sentido, avisó de que «los gatos son una especie invasora de las más importantes. Después de la rata, es el siguiente animal más dañino. De hecho, más de 800 científicos españoles expresamos nuestra preocupación porque la nueva ley de bienestar animal lo que hace es representar solo a un sector de la sociedad, digamos al sector animalista, el que piensa en el animal individuo».

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Un gato se alimenta de pienso en la calle junto a unas casetas. © Shutterstock

«No representa tanto al sector que entiende al animal desde un punto de vista utilitarista y también desde el punto de vista de la biodiversidad, de la conservación, que es igualmente importante», añadió.

Sin embargo, esto no acaba aquí, sino que la Ley de Bienestar Animal también establece que obligará a las administraciones públicas a mantenerlos con recursos públicos.

Así puedes crear una asociación animalista y lucrarte en España

Casi parece una broma, pero es la realidad que se vive en España. En el año 2021, el Gobierno publicó en el BOE una orden de las bases para la concesión de subvenciones destinadas a entidades de protección animal. Esta regulaba unas partidas a entidades animalistas con una cuantía total de tres millones de euros.

Con esta cantidad de dinero público de por medio podríamos pensar que los requisitos a cumplir son bastante exigentes. La verdad está muy lejos de esto. De hecho, prácticamente se estableció una sola condición: estar constituido legalmente como asociación. Asimismo, es un trámite que puedes completar en una mañana y pagando 12 euros.

Subvenciones para el cuidado de los gatos callejeros en la ley animalista

Ahora, la ley animalista da una nueva oportunidad de negocio después de haber blindado a los gatos callejeros. A las muchas facilidades que existen para crear una asociación animalista casi sin requisitos, se suma la posibilidad de solicitar subvenciones a nivel local para cuidar a estos animales.

Así lo refleja la ley en su artículo 39, apartado 2. «La Administración General del Estado establecerá líneas de subvención en favor de las entidades locales para el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a las colonias felinas», expone.

Apartado 2 del artículo 39 de la Ley de Bienestar Animal
Apartado 2 del artículo 39 de la Ley de Bienestar Animal

En cuanto a esas obligaciones, el primer apartado de este mismo artículo establece que «corresponde a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios, a cuyos efectos deberán desarrollar Programas de Gestión de Colonias Felinas».

Artículo 39 Ley de Bienestar Animal
Artículo 39 Ley de Bienestar Animal

De igual modo, en su apartado e) especifica que, para la puesta en marcha de dicho programa, «la administración local podrá colaborar con entidades de Gestión de Colonias Felinas debidamente inscritas en el Registro de entidades de protección animal para la implantación y desarrollo de los Programas de Gestión de Colonias Felinas».

Por lo tanto, este polémico punto de la ley animalista ofrece una oportunidad de negocio que apenas cuenta con algún tipo de gestión. Una vez más, el control que, en este sentido, ejercen desde el Gobierno, vuelve a ser prácticamente inexistente.