Los grupos parlamentarios de Unidas Podemos y PSOE han aprovechado este jueves, 22 de diciembre, para consumar su ataque a la caza y aprobar la reforma del Código Penal que amenaza gravemente a la actividad cinegética. Los parlamentarios han dado luz verde al proyecto de ley de reforma del Código Penal que supone una grave amenaza para la caza y que crea una gravísima inseguridad jurídica para quienes practican esta actividad.

Hay que recordar que la tramitación de la Ley de Bienestar Animal y la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal volvió este jueves a reactivarse después de que PSOE y Unidas Podemos no consiguieran llegar a un acuerdo la pasada semana especialmente por la enmienda del grupo socialista que atañe a los perros de caza. Tras ello, los grupos parlamentarios intentaron hasta en dos ocasiones celebrar la fase de ponencia en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, pero fueron desconvocadas.

La reforma del Código Penal será «difícilmente conciliable» con la caza, según el CGPJ

Los votos de los grupos que apoyan al Gobierno de coalición -UP, PSOE, Bildu y Junts- permitieron el pasado 13 de diciembre sacar adelante el informe de ponencia del proyecto de ley para reformar el Código Penal. Este jueves, el texto –al que se han opuesto PP y VOX– se ha sometido a votación en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad y ha sido aprobado.

Recordamos, tal y como advirtió el abogado Jaime Valladolid en un artículo publicado en este medio el pasado 16 de diciembre, que el máximo órgano de gobierno de los Jueces y Magistrados de España -CGPJ- confirmó lo que el sector cinegético viene manifestando desde hace tiempo: en la práctica, la modificación de los delitos de maltrato animal podría suponer el fin de la caza.

A juicio del Consejo General del Poder Judicial, «la defensa de estos bienes jurídicos» que precisamente persigue la práctica de la actividad cinegética «entrará en conflicto con la protección de la integridad física o incluso de la vida del animal vertebrado, precisando de una respuesta inmediata que no siempre contará con el respaldo de leyes u otras disposiciones de carácter general dictadas con carácter previo que, a la luz de la modificación proyectada, justifiquen la conducta».