El director general de Derechos de los Animales del Gobierno, Sergio García Torres, aseguró el pasado mes de junio durante el I Congreso de Derecho de los Animales en el Colegio de Abogados de Madrid que dimitiría y tumbaría la ley si los perros de caza quedaban excluidos de ella, como finalmente así ha sucedido en la comisión celebrada esta tarde en Madrid. «Una ley estatal que excluya a los animales de actividad cinegética no va a salir de nuestro departamento. Antes de eso, yo lo digo públicamente, la ley se tumbaría y yo dimito», señalaba García Torres.
Tras varias jornadas sin llegar a un acuerdo, finalmente la votación celebrada hoy a la proposición de PP, PNV y Ciudadanos y con el apoyo de Vox, los grupos parlamentarios han acordado que los perros de caza, así como otros que tienen actividades específicas, queden fuera de la ley animalista.
¿Dirá adiós a su sueldo de 86.000 euros?
De esta forma, si Sergio García Torres es serio y se mantiene fiel con los compromisos adquiridos, deberá dejar el cargo por el que percibe 86.108 euros anuales tras el acuerdo al que han llegado esta tarde la mayor parte de los grupos políticos del Congreso.
Además, deberá abandonar un puesto desde el que debería haber gestionado un disparatado presupuesto en 2023. Si el año pasado informábamos de que el ejecutivo de Pedro Sánchez había elevado el gasto público dedicado a la Dirección General de Derechos de los Animales un 32,26% con respecto a 2021, este año ha vuelto a superar esa cifra, y con creces. Según los Presupuestos Generales del Estado aprobados recientemente, el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra se gastará 7.481.710 euros en 2023. Una ingente cantidad de dinero que supera en 1,4 millones la asignada en 2022, cuando ya fue de 6.080.610 euros.
