La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha encendido las alarmas tras conocer que el Gobierno de España ha dado un giro en su postura ante la Comisión Europea en lo relativo a la prohibición de la munición de plomo en la caza, una cuestión de enorme trascendencia para el sector cinegético nacional. A pesar del respaldo mostrado por el Ministerio de Agricultura, la posición que ahora defiende el Ejecutivo de Pedro Sánchez sería apoyar una eliminación inmediata del uso de este material, sin plazos de adaptación.
Según alerta la FAC y tal y como adelantó Jara y Sedal, esta postura habría sido impulsada desde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, ignorando los argumentos técnicos y científicos que apuntan a la necesidad de una transición progresiva. Esta decisión choca directamente con el criterio del Ministerio de Agricultura, que ha abogado por una moratoria razonable hasta que se disponga de alternativas viables.
Choque entre ministerios y presión ideológica
Desde la Federación se denuncia que esta nueva posición responde más a criterios ideológicos que a fundamentos técnicos. En concreto, subrayan que no se han valorado adecuadamente aspectos como la seguridad del usuario, la compatibilidad con el actual parque de armas, la eficacia de las municiones sin plomo, la viabilidad económica para los cazadores de gestión y la disponibilidad real de alternativas a corto y medio plazo.
De esta forma, la FAC acusa a sectores anticaza dentro del Gobierno de forzar una decisión que afectaría no solo al ejercicio cinegético, sino a todo el entramado rural que depende de él. El plomo es, a día de hoy, un componente esencial en muchos contextos de caza, y su prohibición sin una alternativa realista pondría en jaque tanto la actividad como su función reguladora.
La RFEC se pronuncia
Por su parte, la Real Federación Española de Caza también se ha pronunciado en la misma línea, subrayando que eliminar el plomo sin transición «es un objetivo que no puede anteponerse a cuestiones de salud pública y seguridad ciudadana». En un comunicado difundido ayer, advertía de consecuencias graves como el aumento de accidentes de tráfico, los daños a la agricultura provocados por fauna no controlada y, lo más preocupante, la posible expansión de enfermedades como la peste porcina africana.
La RFEC incidía en que «la transición hacia una caza sin plomo requerirá de escuchar, aunar y convencer a todos los sectores y agentes implicados». Una afirmación que deja claro que el sector no se opone al cambio, pero sí reclama que este sea realista, basado en datos y no dictado por intereses políticos ajenos al campo.
El papel de Europa y el debate abierto
En el seno de la Comisión Europea aún se debate la redacción del Reglamento que regulará el uso del plomo en la caza. Algunos países, como España inicialmente a través del MAPA, han defendido establecer plazos de adaptación que permitan al sector ajustarse sin colapsar. Sin embargo, si finalmente el Gobierno central se alinea con los más radicales, podría abrirse una crisis con consecuencias directas para miles de cazadores, fabricantes y gestores del medio natural.
La FAC insiste en que seguirá luchando para que se escuche la voz de quienes conocen el campo y gestionan la biodiversidad sobre el terreno.
