El debate sobre el uso del plomo en la munición de caza ha reavivado el enfrentamiento entre parte del sector científico y el mundo cinegético. Una nueva carta, firmada por investigadores del IDAEA-CSIC, del IREC y de la Estación Biológica de Doñana, ha provocado una contundente respuesta por parte de la Real Federación Española de Caza (RFEC), que considera el contenido del escrito un nuevo ataque a la actividad cinegética.
La misiva, dirigida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), pero también compartida con el Ministerio para la Transición Ecológica, respalda sin fisuras el borrador de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), que propone prohibir el uso del plomo en todas las modalidades de caza y tiro deportivo al aire libre, así como en la pesca deportiva. A pesar de que el MAPA ha abogado por una moratoria de entre 5 y 10 años y excepciones en el caso del control poblacional del jabalí, los firmantes del documento rechazan de plano estas medidas de alivio.
Una postura sin matices
Los investigadores Rafael Mateo (IDAEA-CSIC), Mónica Martínez-Haro (IREC) y José A. Donázar (EBD-CSIC), junto a otros científicos que se han adherido a la carta, han expresado su «total apoyo al borrador» europeo y, en sus palabras, sin admitir «ni moratorias a su aplicación ni, sobre todo, excepciones como la del uso en control poblacional».
Esta posición ha generado un profundo malestar en el ámbito cinegético. La RFEC, que representa a más de 330.000 cazadores federados, ha emitido un comunicado en el que respalda al MAPA y critica duramente el enfoque de los científicos. La federación considera que este tipo de pronunciamientos ignoran completamente la realidad de la gestión cinegética en España, sus implicaciones sociales, económicas y sanitarias.
Una nueva oposición del IREC contra el uso del plomo en la caza
No es la primera vez que el IREC se posiciona frontalmente contra el sector. Ya en 2019, la RFEC solicitó la dimisión del director del Instituto, Rafael Mateos, tras la publicación de un artículo en Science donde se atacaba el silvestrismo y se acusaba al Ministerio de Transición Ecológica de burlar la Directiva de Aves. Además, en aquel mismo año, durante un congreso científico, otro investigador del IREC calificó de «pseudociencia» el trabajo de universidades y consultoras como Deloitte, que habían elaborado informes favorables al uso controlado del plomo.
Aquellos antecedentes siguen muy presentes en el mundo cinegético, que ve en el nuevo escrito una prolongación del sesgo ideológico que ya denunciaron en el pasado.
La caza como herramienta de gestión
Uno de los puntos más criticados por la federación es la aparente incapacidad de los firmantes de la carta para distinguir entre la caza deportiva y el control poblacional, una confusión que la RFEC considera preocupante. «La caza ha dejado de ser exclusivamente un acto lúdico o deportivo para convertirse en una herramienta de gestión», advierten.
En este sentido, recuerdan que las administraciones autonómicas ya están empleando mecanismos como la declaración de comarcas de riesgo cinegético, períodos extraordinarios o la declaración de sobreabundancia para autorizar batidas que permitan controlar las poblaciones de especies como el jabalí, cuya presencia excesiva provoca graves daños agrícolas, aumenta los accidentes de tráfico y amenaza con favorecer la propagación de epizootias zoonóticas como la peste porcina africana.
¿Alternativas reales al plomo?
La RFEC también pone en duda la afirmación de los firmantes sobre la existencia de «alternativas seguras y efectivas» al plomo. En su opinión, no hay estudios que contemplen todos los efectos de su prohibición en el contexto socioeconómico español. Ni en lo relativo a la seguridad para el usuario, ni la compatibilidad con el parque de armas actual, ni la eficacia en la caza, ni la disponibilidad de recursos para la fabricación de munición alternativa.
En cuanto a la afirmación de que los animales abatidos durante los controles poblacionales podrían destinarse al consumo humano o animal, la federación considera que esta idea es poco menos que una broma: «La gestión de los animales abatidos se ha convertido en el caballo de batalla de las Federaciones de caza y las administraciones Autonómicas, dada la imposibilidad práctica de introducir estos canales en los circuitos de donación o mercado».
Una transición que requiere consenso
La federación advierte además sobre una posible transición hacia una caza sin plomo que debería hacerse con cabeza, con consenso y con participación de todos los agentes implicados. «Convertirlo en una urgencia, o en una batalla ideológica a través de manifiestos valorativos y poco fundados sólo conseguirá enfrentar a los colectivos interesados y dificultar la aplicación», aseguran.
Por ello, la RFEC reitera su apoyo al MAPA y pide que se mantenga la moratoria hasta que exista una alternativa viable en todos los ámbitos: económico, social y balístico. Mientras tanto, el sector sigue esperando que desde el ámbito científico se aporte más objetividad y menos dogmatismo.
