El pasado 26 de mayo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, defendía ante sus homólogos europeos la necesidad de flexibilizar la restrictiva normativa que pretende prohibir el uso de plomo en la munición de caza. Argumentó entonces que la medida debía contar con un «periodo de transición más amplio» y abogó por una excepción específica para el control de jabalíes, dada su amenaza para la agricultura y la sanidad animal. Apenas tres semanas después, el Gobierno ha dado un sorprendente volantazo.
En una reunión del Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea celebrada anteayer, el Ejecutivo español —esta vez representado por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán— ha optado por alinearse con Bruselas y apoyar la prohibición de este tipo de munición. Un giro radical de postura que ha encendido las alarmas en el sector cinegético, ya de por sí preocupado por una normativa que injustificada, desproporcionada y con un profundo sesgo ideológico.
Bruselas no afloja: una amenaza sin precedentes
La Comisión Europea, a través de la Agencia de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), impulsa desde hace meses una de las propuestas más lesivas para la caza de las últimas décadas. Su plan pretende limitar drásticamente cualquier cartucho o aparejo de pesca que contenga más de un 1% de plomo. Para la caza menor se baraja un periodo de transición de cinco años; para la mayor, solo 18 meses.
Desde su publicación, el borrador ha generado un rechazo frontal por parte de organizaciones rurales, expertos técnicos y cazadores de toda Europa. Aseguran que los cálculos económicos empleados por Bruselas están completamente fuera de la realidad. La Comisión estima que el cambio apenas supondrá un sobrecoste de 30 euros anuales por cazador, mientras que los precios reales de las alternativas —acero, bismuto o tungsteno— triplican o incluso cuadruplican esa cifra. Además, una gran parte del armamento actual quedaría inservible, provocando un perjuicio directo al colectivo.
La gran contradicción del Gobierno
Resulta difícil de entender el brusco cambio de criterio del Ejecutivo. Según fuentes cercanas a Cazaflix, Hugo Morán afirmó esta semana que el impacto en sectores como el de defensa sería «no significativo» y defendió la urgencia de aplicar la restricción para «proteger la salud humana y el medio ambiente». Declaraciones que contrastan con las palabras del ministro Planas, quien semanas antes había solicitado excepciones específicas para seguir utilizando el plomo frente a especies como el jabalí, cuyo control resulta esencial.
Morán, además, ya dejó clara la postura de su departamento el pasado abril, durante un desayuno informativo de Executive Forum: «Cuanto antes dejemos de consumir plomo, nos irá mejor», aseguró entonces, dejando entrever la división interna en el seno del Gobierno.
Consecuencias graves para el campo y la seguridad
La aplicación de esta normativa tendría un impacto devastador más allá del mundo cinegético. Hasta el 95% de los campos de tiro europeos no podrían adaptarse a las nuevas exigencias y se verían abocados al cierre. Esta desaparición arrastraría consigo la formación y el entrenamiento de cazadores, deportistas, cuerpos de seguridad y personal militar.
En el plano social, el daño sería también severo. Diversos estudios estiman que uno de cada cuatro cazadores abandonaría la actividad, con el consiguiente deterioro de los planes de gestión poblacional de especies silvestres, especialmente del jabalí, cuya presencia descontrolada ya es crítica en muchas regiones.
¿Ciencia o ideología?
Uno de los puntos más polémicos del proceso legislativo es la falta de rigor científico en el que se apoya la propuesta de Bruselas. La Federación Europea para la Caza y la Conservación (FACE) ha denunciado que los informes utilizados por la Comisión ignoran estudios independientes que relativizan los riesgos del plomo en el consumo humano. Desde la organización subrayan que los niveles de plomo detectados no corresponden a las partes comestibles del animal.
«Los informes de la ECHA no reflejan la realidad», señalan desde FACE, advirtiendo que el enfoque parece más influenciado por la presión de grupos ecologistas contrarios a la caza que por un análisis técnico objetivo. Una acusación grave, que alimenta la sospecha de que esta iniciativa responde más a intereses ideológicos que a razones de salud pública o medioambiental.
El sector cinegético europeo, mientras tanto, permanece en pie de guerra. Y ahora, con la voltereta del Gobierno español, aún más desprotegido ante un plan que amenaza con dinamitar décadas de gestión y convivencia sostenible en el medio rural.
