Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León han presentado este martes sus correspondientes recursos a la orden ministerial que ha acabado con la caza del lobo y que entró en vigor el pasado 22 de septiembre. Según recoge hoy EFE, todas ellas han apelado a la ministra para Transición Ecológica, Teresa Ribera, a que «no tenga miedo» y dialogue con estas regiones sobre la inclusión del lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre).

Los consejeros de las cuatro autonomías, que aglutinan el 95 % de las manadas de lobos, han escenificado su unión en una rueda de prensa en Santander junto a representantes de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UPA y COAG, que han afirmado sentirse «engañadas» y han advertido de que se movilizarán en las calles.

Las citadas autonomías, que han solicitado medidas cautelares para suspender la eficacia de la norma durante la tramitación del procedimiento, consideran que la orden ministerial que ha acabado con el control del lobo está «repleta de incoherencias», «falta de motivación científica» e, incluso, que va «en sentido contrario» de la normativa europea.

Por ello, pedirán una entrevista con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para exponerle el «ataque» del Gobierno de España a la política europea de flexibilización y «cómo ha ido más allá de lo que la propia Europa quiere que se vaya».

Un medida que se carga el modelo de gestión anterior, «la envidia de muchos países»

Según recoge El Español, el consejero cántabro, Guillermo Blanco, ha afirmado que no es necesario recordar que el objetivo que buscan «no es acabar con el lobo». «Somos absolutamente respetuosos con la conservación de una especie de interés comunitario», ha afirmado.

Por parte de Galicia Ángeles Vázquez ha reivindicado «justicia y coherencia» porque las comunidades autónomas que hoy se unen suman 7 millones de españoles, el 28 % de territorio del país y, además, ha reclamado «respeto» por el trabajo hecho hasta ahora para que el lobo pueda gozar en estos momentos de «buena salud».

El titular asturiano de Medio Rural, Jesús Calvo, lamenta haber tenido que llegar a esta situación «de gran inseguridad jurídica» y que ha paralizado las posibilidades de gestión de las comunidades, que cree que tienen «razones, documentación y fundamentos jurídicos».

Por su parte, el consejero castellanoleonés Juan Carlos Suárez, ha advertido que «esta medida se carga el modelo que ha permitido alcanzar una población de lobo que es la envidia de muchos países» y que «no se puede decidir de esta forma autoritaria y despreciando a los territorios, políticamente es insostenible».

Las asociaciones agrarias y ganaderas llaman a la movilización

El secretario general de UPA, Román Santallana, el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, y la responsable de ganadería de COAG, Charo Redondo, han valorado y agradecido el apoyo a los cuatro consejeros. Respecto al Ministerio, han dicho que se sienten «muy defraudados y engañados».

«Mucha España vaciada, pero las medidas van en contra de la España rural», ha afirmado Barato, al igual que Redondo, quien reprocha al Gobierno que lo «están vaciando ellos mismos».

Las organizaciones advierten al Ministerio que aún está «a tiempo de volver para atrás y dialogar», pero que de no hacerlo se movilizarán si hace falta.