Por Andrés Zorita Calvo, cirujano vascular y cazador
El robo de perros de caza en España es una sangría que sufrimos cada temporada en nuestras propias carnes. Nos indignamos con las mafias que asaltan los caniles, revientan las fincas y rajan los cuellos de nuestros animales para arrancarles el microchip a sangre fría. Pero ya va siendo hora de que pongamos el foco y disparemos con bala discursiva contra la verdadera raíz del problema: el desalmado que compra esos perros «baratos y sin preguntar». Hay que llamarlo por su nombre: quien adquiere un bretón, un galgo o un podenco sin su documentación en regla, con cicatrices sospechosas o de procedencia oculta, no es un compañero de afición. Es un delincuente, un receptor de mercancía robada y el cómplice necesario que financia el calvario de nuestros perros.
Las estadísticas del SEPRONA confirman que el 80% de los perros robados en España pertenecen al mundo de la caza. El Código Penal y la nueva legislación ya tipifican la receptación (Artículo 298 del CP) con hasta dos años de cárcel y el maltrato animal (Artículo 340 bis) con penas de prisión por costear esas mutilaciones caseras. Además, la ciencia se ha convertido en nuestro mejor aliado en el campo.
Los registros de ADN de los progenitores y los marcadores genéticos de las federaciones hacen que borrar la identidad de un animal sea imposible. Un bisturí puede arrancar un chip subcutáneo, pero el mapa genético del perro es una confesión de culpabilidad andante que la «ceguera voluntaria» del comprador ya no puede ocultar ante un juez.
«La batalla definitiva tenemos que darla nosotros dentro de nuestro propio colectivo»
Para erradicar esta lacra, la Guardia Civil y los juzgados deben autorizar de inmediato rastreos tecnológicos avanzados (agendas de telefonía, repetidores y geolocalización de vehículos) en los puntos de los asaltos, tratando el robo de un perro de trabajo con la misma gravedad criminal que el asalto a una vivienda. Pero la batalla definitiva tenemos que darla nosotros dentro de nuestro propio colectivo.
Exigimos la muerte civil y social inmediata para estos receptores. Sus nombres, apellidos y rostros deben ser públicos. La Real Federación Española de Caza, los clubes locales y las sociedades de cazadores tienen la obligación moral de expulsar a patadas y de por vida a cualquier individuo implicado en la compra de perros robados, retirándoles la licencia federativa de forma fulminante.
Quien financia el dolor de un rehalero o de un cazador que pierde a su compañero de vida merece el calabozo, la ruina económica de las multas de hasta 50.000 euros y el repudio absoluto de toda la comunidad montera. Limpiemos el campo de cómplices: si se acaba la demanda, se acaba el maldito negocio del robo.
