Casi 300 cazadores se reunieron este jueves en la localidad jiennense de Baeza, demostrando su unión frente a la ley animalista que pretende sacar adelante el Gobierno. Lo hicieron en una reunión informativa convocada por la Federación Andaluza de Caza para analizar cómo afecta a la actividad cinegética este proyecto legal y el de reforma del Código Penal en materia de Maltrato Animal, ambos impulsados por el Gobierno Central.

Como hemos venido alertando en este medio en los últimos meses, el proyecto de la polémica Ley de Bienestar Animal no solo pretende imponer la ideología animalista con consecuencias negativas en sectores como la comercialización de animales o la caza. La ley afectará a toda la población estableciendo un gran número de prohibiciones que acarrearán importantes castigos por incumplirlas.

A la llamada de la FAC acudieron más de 270 cazadores, con casi un centenar de sociedades de caza de la provincia de Jaén representadas, para celebrar un encuentro en el que la caza social demostró su unión y su rechazo a ambos proyectos legales y su disposición a emprender un nuevo calendario de acciones y movilizaciones en caso de que el Gobierno Central no los reconsidere o los retire antes de que acaben con la actividad cinegética.

La reunión, celebrada a las 19:00 horas en el Restaurante Castillo de Biatia, fue la tercera que se celebra en apenas tres semanas y que forma parte de la campaña informativa emprendida por la Federación Andaluza de Caza para analizar junto a las 1.400 sociedades de cazadores andaluzas, y a todos los cazadores interesados, la Ley Animalista de Bienestar Animal, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cómo afecta a la caza y al silvestrismo, su contenido, estado de tramitación e incluso las diferentes alegaciones presentadas por los partidos políticos durante el trámite parlamentario.

Expertos explicaron a los cazadores las consecuencias que tendrá la ley

Una vez más, el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, y el coordinador de sus Servicios Jurídicos, Francisco Pérez, fueron quienes se desplazaron a Baeza para desgranar no sólo el contenido de ambos proyectos legales, sino el estado de tramitación en cada caso y la evolución de ambos textos desde su creación por parte del Gobierno Central, hasta el punto actual en que se encuentran tras varios meses de negociaciones y tensiones que llevaron a los cazadores a manifestarse masivamente en Madrid el pasado 20 de marzo.

En este sentido, como experto jurídico en materia de caza, el coordinador de los Servicios Jurídicos de la FAC insistió, como en reuniones anteriores, que el sentido de ambos textos no ha variado y que su aplicación afectaría gravemente a la caza. Concretamente, Pérez afirmó que: «La aprobación de la Ley de Bienestar Animal y de la reforma del Código Penal en los términos que están redactados actualmente supondría dar la extremaunción a la caza y al silvestrismo». Además, el letrado de la FAC aclaró que «ninguno de los dos textos prohíben expresamente la caza, pero sí le imponen una serie de límites y la someten a una inseguridad jurídica que hacen que, en la práctica, sea imposible la práctica de ambas actividades».

El estado de la ley animalista y el próximo encuentro informativo de la FAC

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Dos cazadores durante una jornada de caza. © Ángel Vidal

Recordamos que el pasado mes de octubre fueron rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas para retirar del Congreso el proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales y al de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal. En total, las enmiendas recibieron 157 votos a favor 179 en contra y 9 abstenciones, algo que imposibilita que prosperen y deja vía libre para que las polémicas leyes sigan su tramitación.

Al finalizar su exposición, los representantes federativos informaron del trabajo que la Federación Andaluza de Caza viene realizando en relación a esta situación en los últimos meses y las acciones previstas a acometer en los próximos meses en función de cómo evolucionen ambos proyectos legales.  El próximo encuentro está previsto el viernes 2 de diciembre en Córdoba.