El Consejo General de Colegios Veterinarios de España ha sido el último colectivo en alzar la voz contra la ley animalista que pretende sacar adelante el Gobierno este mismo mes de diciembre. Su articulado es tan descabellado que lleva camino de convertirse en una chapuza jurídica como la de la ley del ‘sólo sí es sí’, que tras ser aprobada hace unos meses ahora está permitiendo reducir las penas a algunos violadores. Por todo ello, la entidad envió el pasado viernes, 9 de diciembre, una carta a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que frenen la tramitación de urgencia del texto.

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España, señala que esta ley «se lleva al Parlamento de manera casi definitiva sin llegar al consenso imprescindible para una norma de esa relevancia», indica en el comunicado. La misiva, firmada por el presidente del Consejo General, Luis Alberto Calvo Sáez, recuerda que una Ley de Protección Animal es «indispensable», pero «esta no es la que necesitamos».

Recordamos que ya hace algo más de un año Luis Alberto Calvo, presidente de otro colectivo del sector veterinario -la Organización Colegial Veterinaria (OCV)-, calificó de «contradictoria» y «carente de rigor científico» el borrador del Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales presentado entonces por la Dirección General de Bienestar animal del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Denuncia que los veterinarios han sido excluidos de la redacción de esta ley

Calvo Sáez lamenta por su parte que no se hayan tenido en cuenta la inmensa mayoría de las alegaciones presentadas por los veterinarios «que nacen del conocimiento de la realidad del sector y de la ciencia». Además, el máximo órgano representativo de los 34.000 veterinarios colegiados muestra su preocupación por las «situaciones problemáticas» que se pueden producir con la entrada en vigor de esta legislación «de difícil solución o cuya aplicación genere situaciones indeseadas como hemos comprobado con otras normativas en la actualidad».

Asimismo, denuncian que los veterinarios han sido excluidos de la redacción de esta ley, a pesar de que «por nuestra formación científico-técnica somos especialistas en salud y bienestar animal», puntualizan. La carta también hace referencia «a las carencias con las que se aprueba», en aspectos «como la formación en tenencia responsable, la eutanasia y la falta de financiación».

La misiva también se ha dirigido a la ministra Ione Belarra, de cuyo departamento depende la Dirección General de Derechos de los Animales, que impulsa la nueva legislación; a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al presidente de la Comisión de Derechos Sociales, Joan Ruiz. 

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