La Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) utiliza la misma estrategia que PACMA ha empleado en Castilla y León y ha denunciado la Ley de Caza de Extremadura ante el defensor del pueblo.
La UNAC ha solicitado al Defensor del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional la reciente modificación de la Ley de Caza de Extremadura, una estrategia que PACMA ya ha usado –con éxito– en Castilla y León. Según una nota de prensa enviada a los medios, la asociación que preside Manuel Alonso Wert ha denunciado que el texto aprobado «vulnera el derecho de igualdad de trato, el de libre asociación y que perjudica a los cazadores de a pie extremeños». Lo hace refiriéndose a un artículo en el que se especifica que los cazadores «deberán estar federados en la Federación Extremeña de Caza para poder cazar en el coto social», algo que ya sucede hace tiempo en otras comunidades como Andalucía o Aragón.
En su nota, muy crítica, la UNAC llama «casta política» al PSOE, PP y C’s de Extremadura, por aprobar por mayoría la reforma en la Asamblea de la comunidad. Asegura que «han pisoteando la Constitución dando trato de favor a una asociación privada», en referencia a la Federación Extremeña, declarada entidad de utilidad pública sin ánimo de lucro.
No es la primera vez que desde la UNAC se muestran en contra de este aspecto de la reforma. El propio Wert ya manifestó su disconformidad en la Comisión de Medio Ambiente de Extremadura en la que se debatió la nueva Ley, y donde acudió invitado como ponente por Podemos. «Están coartando libertades constitucionales de los cazadores», ha denunciado Alonso, «y por ello la UNAC ha presentado la petición al Defensor del Pueblo. No solo eso, también impulsará y se personará en cuantos procesos se inicien para defender los verdaderos intereses y derechos de los cazadores de las sociedades locales de caza de Extremadura».
