El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha anunciado la anulación de una resolución del año 2022 de la Conselleria de Emergencia Climática, gestionada por Compromís en ese momento. En ella negaban la realización pruebas de campo con una nueva trampa para capturar aves llamada ‘cesto malla’, como alternativa de la caza con ‘parany’, actualmente prohibida.
Esto es un asunto que ha dado muchas vueltas en la Comunidad Valenciana. Ya hace un año, el PP de Castellón se comprometió con los cazadores a recuperar el parany y a comenzar a hacer pruebas con el cesto malla. También un año atrás, en 2022, PSOE, Compromís y Podemos se opusieron a esto y, por lo tanto, no pudo salir adelante.
Ahora, en este sentido, la asociación de cazadores Apaval, junto con un profesor de la Universitat Politècnica de Valencia, presentaron un recurso contra dicha resolución de la conselleria para volver a conseguir lo que ya hicieron en 2020. Entonces, el TSJCV les daba la razón en cuanto a llevar a cabo las pruebas para la evaluación de la implantación del método del cesto malla como alternativa a la forma de caza tradicional, declarada ilegal con anterioridad.
El rechazo del TSJ a la resolución
La respuesta del TSJ ha sido una sentencia bastante seria con la entonces Conselleria de Emergencia Climática. En concreto, primero la acusa de no colaborar con la Sala, exponiendo que «el expediente remitido, sin embargo, incumple todos y cada uno de los requisitos de legalidad procesal con los que un expediente administrativo debe ser enviado a cualquier órgano judicial». De igual modo, asegura que no es «un expediente íntegro».
«Parece que la Administración autonómica con este tipo de comportamientos buscase deliberadamente ocultarse o dificultar al máximo el control judicial», añade el escrito.
Asimismo, la decisión tomada por el juez considera que la trampa «se propone como una alternativa a los métodos tradicionales prohibidos». Además, la sentencia judicial determina que «la Administración ha denegado de manera sistemática a los recurrentes solicitudes para llevar a cabo proyectos científicos de investigación que requieren capturar en vivo tordos en el medio natural», a pesar de que la normativa europea y la estatal permiten estos procedimiento, de manera excepcional, para proyectos de investigación.
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Por lo tanto, el fallo judicial acusa a la administración de actuar de forma «casi temeraria» y concluye que el acto administrativo de la prohibición del cesto malla «gira en torno a una mera conjetura o profecía que carece de cualquier sustento técnico científico».
De esta manera, ha dado la razón a los recurrentes al denunciar que se trata de «una declaración de intenciones» y apoya el argumento de su abogado al asegurar que «no había visto una manifestación más arbitraria y contraria a los principios que han de regir la actuación administrativa».
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Habiendo considerado todo esto, se estima íntegramente el recurso presentado y anula la resolución de la conselleria. No solo eso, sino que también ordena la «retroacción de actuaciones» y obliga a la administración autonómica a cumplir con la normativa europea, estatal y autonómica sobre los proyectos de investigación científica. La que entonces era la Conselleria de Emergencia Climática, además, deberá emitir una nueva resolución motivada y condena a la administración autonómica en costas.
Tal y como han asegurado fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, han afirmado que no van a recurrir la sentencia y que han tenido ya un primer encuentro con la asociación de cazadores Apaval, teniendo otro agendado para las próximas semanas con el fin de ver cómo se puede ejecutar al fallo judicial.
