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Maniobra desperada de Ione Belarra para tratar de justificar su ley animalista utilizando a los cazadores

El ministerio que dirige Ione Belarra ha enviado una convocatoria de reunión con solo 36 horas de antelación, en días festivos, sin orden del día y sin información sobre los asistentes o los temas a tratar, en lo que parece una maniobra política para justificarse ante la sociedad.

Manifestantes pidiendo la retirada del Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal el pasado 20 de marzo en Madrid. © Israel Hernández
Publicado: 7 de diciembre de 2022 / Actualizado el: 2022/12/07 - 10:15

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha advertido a través de una nota de prensa que el sector cinegético «no se prestará a maniobras políticas y no asistirá a la convocatoria de reunión para este miércoles, 7 de diciembre, recibida desde la Dirección General de Derechos de los Animales con 36 horas de antelación, en días festivos, sin orden del día, y sin información sobre los asistentes o los temas a tratar, en lo que parece un intento de utilizar al sector con intereses políticos».

Varias entidades representativas del sector como la RFEC, socios de la Oficina Nacional de la Caza (ONC), Fundación Artemisan y Asiccaza, entre otras, han recibido una escueta convocatoria por parte de la Dirección General, en la que se les emplaza a una reunión este mismo miércoles, para hablar sobre las conclusiones de un encuentro celebrado el pasado viernes, 2 de diciembre, sobre la que el sector no tiene constancia alguna ni ningún tipo de información sobre los temas tratados.

El sector considera que esta reunión llega tarde y carece de cualquier utilidad, y asegura que no se prestará a limpiar la imagen de lo que ha sido una tramitación oscura y falta de cualquier tipo de rigor de dos normativas que van a afectar a millones de personas y en la que no se ha tenido en cuenta a los afectados.

Intentan reunirse con los cazadores cuando el plazo de alegaciones y de presentación de enmiendas ha terminado

Una vez terminado el plazo de alegaciones y el trámite de presentación de enmiendas, los cazadores consideran que no tiene sentido alguno sentarse a hablar, y aseguran que la única solución posible pasa por paralizar ambos proyectos y comenzar su redacción de cero teniendo en cuenta, ahora sí, a todos los actores implicados.

En este sentido, recuerdan que han sido numerosas las veces que organizaciones del sector se han ofrecido a dialogar, a colaborar y aportar mejoras a los proyectos, ofrecimientos que fueron rechazados una y otra vez durante su tramitación. De hecho, ni si quiera se permitió la asistencia a las organizaciones de cazadores a la presentación del borrador del proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales.

De la misma manera se rechazó en reiteradas ocasiones la posibilidad de participación del sector en la tramitación de las normas y solo se abrió el periodo de escucha a expertos y afectados una vez pasado el trámite de presentación de enmiendas, cuando ya no existía posibilidad de modificación o mejora de las normas, en lo que supone una falta de respeto e interés en el consenso inaudita por parte de los promotores de ambos proyectos.

La ley más rechazada de la historia

Cazadores manifestándose el 20 de marzo en Madrid.
Cazadores manifestándose el 20 de marzo en Madrid. © Ángel Vidal

En esta misma línea, recuerdan que el pasado 20 de marzo, más de medio millón de personas clamaron en Madrid en contra de ambos proyectos, en la manifestación más grande de los últimos tiempos, que logró que numerosos partidos pidieran la paralización de ambas normas y modificaciones sustanciales, pero que no sirvió para que esta Dirección General variase su hoja de ruta.

Desde entonces, han sido cientos de voces de expertos, científicos, profesionales, agentes del mundo rural y afectados que se han unido en la advertencia de que estas leyes tendrían nefastas consecuencias para la sociedad y para los propios animales si se aprueban, pero la cerrazón ideológica de sus promotores ha eliminado cualquier opción de mejora que pudiese evitar los daños que acarreará su aprobación, como ya está pasando con otras normativas aprobadas en las últimas semanas.

Por ello, el sector cinegético afirma que no dará un paso atrás y emplaza a la Dirección General de Derechos de los Animales a retirar ambos proyectos.

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