La reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, propuesta por el PP, se ha encontrado con el rechazo del PSOE y sus socios en el Congreso de los Diputados. Con ella quería endurecer los castigos aplicados a los ataques vandálicos sobre bienes históricos, culturales y artísticos llevados a cabo por los grupos de ecoterrorismo del país.

A favor de ella han votado PP, Vox y UPN, aunque con ciertas ausencias en sus integrantes, como el caso del propio Alberto Núñez Feijóo. En total han sido 168 votos que, frente a los 170 en contra de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Junts, Podemos y BNG, además de la abstención de PNV y Coalición Canaria, no han sido suficientes para sacar adelante la iniciativa popular.

El PP advirtió de la «amenaza» del ecoterrorismo

En ella, desde el Partido Popular advirtieron de una «nueva amenaza», refiriéndose con ello a los ataques contra obras de arte, cada vez más frecuentes, emprendidos por estos grupos ecologistas a modo de reivindicación de sus mensajes.

De este modo, los populares proponían la introducción de dos nuevas infracciones específicas en el artículo 76,1 de la Ley de Patrimonio Histórico que tipificaran con «exactitud» este tipo de conductas contra los bienes protegidos.

Otra de sus proposiciones hacía referencia a ese mismo artículo 76, en el que pedían incluir, en el tercer apartado, la cuantía de las multas, entre los 60.000 hasta los 150.000 euros. Asimismo, también planteaban la modificación del segundo apartado para esos casos en los que las lesiones provocadas sean valorables económicamente.


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Finalmente, respecto al artículo 72 de la misma ley, indicaban otra modificación para añadir una restricción de acceso a los archivos, bibliotecas y museos en los que haya bienes protegidos para, según indica el texto, «reforzar la proyección y conservación».

A pesar de su abstención y considerar que el escrito podría ser «más correcto», desde el PNV han mostrado su disposición a apoyar la reforma. «Podemos hacer demagogias, pero esto no va del derecho a manifestarse o a la protesta: se trata de proteger bienes que son de todos», ha resaltado su diputado Joseba Aguirretxea.