El pasado 1 de abril, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Segovia dictó una sentencia firme contra un furtivo que, en mayo de 2021, abatió ilegalmente un corzo macho adulto en un coto privado de la provincia sin contar con la autorización del titular cinegético. Además de la sanción penal, el sujeto deberá indemnizar al responsable del coto por el valor del animal.
Según recoge la sentencia, el condenado accedió sin autorización a un coto privado de caza de Segovia con la clara intención de dar muerte a un animal. Una vez en el interior del terreno cinegético, utilizó un rifle modificado al que le había incorporado una rosca no homologada ni certificada, infringiendo así la normativa de armas.
El ejemplar abatido, un corzo macho adulto, fue tasado por la Junta de Castilla y León en 6.174 euros, cantidad que el presidente del coto exigió en concepto de indemnización por los daños ocasionados.
Condena por delitos contra la fauna y tenencia ilícita de armas
El Juzgado ha impuesto al acusado dos penas diferenciadas. Por un lado, seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros —lo que asciende a un total de 1.080 euros—, y dos años de inhabilitación para cazar por un delito contra la flora y la fauna recogido en el artículo 335.2 del Código Penal.
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Por otro lado, ha sido condenado a un año de prisión por tenencia ilícita de armas, además de cuatro años de prohibición para portar y poseer armas, y la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el cumplimiento de la pena.
Suspensión de la pena de cárcel y responsabilidad civil
Aunque se ha dictado una condena privativa de libertad, el tribunal ha optado por suspender su ejecución siempre que el acusado no vuelva a delinquir durante los próximos dos años y abone la totalidad de la responsabilidad civil fijada, incluidos intereses y costas procesales.
En caso de incumplimiento de estas condiciones, podrá revocarse esta suspensión y el condenado ingresaría en prisión. La defensa del titular del coto, personado como acusación particular, ha estado a cargo del letrado Jaime Valladolid, director del despacho JV Abogados, especializado en Derecho Cinegético y Medioambiental y habitual colaborador de Jara y Sedal.
