Un agricultor de 53 años, vecino de Aldeanueva de Ebro, ha sido denunciado tras dañar de forma severa el yacimiento romano de «La Torrecilla», en el término municipal de Calahorra (La Rioja). La Guardia Civil lo acusa de destruir materiales arqueológicos mientras preparaba la tierra para plantar viñedos. Aunque la zona no estaba señalizada, el yacimiento se encuentra protegido como Bien de Interés Cultural, lo que agrava las consecuencias legales de la actuación.
Daños irreparables en un enclave romano
Los hechos ocurrieron en varias parcelas del polígono 47 de Calahorra, donde el agricultor llevó a cabo labores de roturación y la instalación de un sistema de riego. Estas intervenciones afectaron de manera irreversible a restos de época romana, incluyendo fragmentos de cerámica, ladrillos y otros materiales que formaban parte de antiguas estructuras.
Pese a que la existencia del yacimiento era conocida desde hace décadas, la parcela carecía de elementos de señalización visibles que advirtieran sobre su carácter arqueológico. Sin embargo, los agentes de la Guardia Civil sostienen que el desconocimiento no exime de responsabilidad. Aseguran que «las obras realizadas por el implicado han alterado y deteriorado gravemente el yacimiento», lo que constituye un atentado contra el patrimonio.
Posibles consecuencias penales
Según recoge el artículo 323 del Código Penal, los daños en yacimientos arqueológicos pueden conllevar penas de prisión de seis meses a tres años o multas económicas considerables. La situación se agrava al haberse producido en una zona reconocida legalmente como protegida, lo que implica la pérdida de información histórica de alto valor.
Un agricultor labra en su tierra un bonito mensaje de ánimo a los afectados por la DANA
Tras detectar el daño, la Guardia Civil puso en marcha un operativo en el que intervinieron expertos en arqueología para valorar el alcance del deterioro. Estos concluyeron que numerosos objetos fueron irremediablemente afectados, dificultando la recuperación del contexto histórico de la zona.
Sin permisos y bajo investigación
La investigación también ha revelado que el agricultor no contaba con los permisos necesarios del Ayuntamiento de Calahorra ni de la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja para realizar las obras. Esta omisión ha sido determinante para activar el protocolo de notificación al Servicio de Conservación y Promoción del Patrimonio Histórico Artístico.
La administración autonómica llevará a cabo prospecciones arqueológicas adicionales para determinar con exactitud el grado de destrucción y establecer el impacto económico y cultural. De los resultados dependerá la responsabilidad final del investigado, que deberá afrontar las consecuencias legales de haber alterado un enclave de valor incalculable.
