El furtivismo sigue siendo un problema difícil de dimensionar en España. Aunque sus consecuencias las conocen bien numerosos titulares y gestores de terrenos cinegéticos, hasta ahora no existía una investigación nacional que estudiara conjuntamente los daños provocados por estos delitos y la percepción que mantiene la sociedad sobre el furtivismo.
Para cubrir ese vacío, Fundación Artemisan y Safari Club International Iberian Chapter han puesto en marcha el proyecto ‘Encuesta sobre la percepción social y el impacto del furtivismo sobre la conservación de la biodiversidad en España’. La investigación pretende aportar datos sobre su incidencia, sus motivaciones y sus consecuencias, además de estudiar la tolerancia que todavía puede existir hacia estas conductas en determinados territorios.
El proyecto arranca, además, en una de las épocas del año en las que se registra un mayor número de estos delitos. Sus promotores buscan transformar las experiencias de quienes los padecen en información útil para diseñar medidas de prevención, vigilancia y persecución más eficaces.
El furtivismo no es una modalidad de caza
Los responsables del estudio subrayan una diferencia esencial: el furtivismo no es caza ni puede equipararse a la actividad cinegética legal. Se trata de una vulneración de la normativa y de los derechos de los titulares de los terrenos, con consecuencias que pueden alcanzar también a la conservación de la fauna.
La extracción ilegal de animales puede alterar las poblaciones silvestres y afectar a ejemplares reproductores relevantes. A ello se suman los perjuicios económicos soportados por los cotos, los gestores y unos territorios rurales en los que la actividad cinegética desempeña un papel destacado.
España cuenta con alrededor de 31 millones de hectáreas de terrenos cinegéticos ordenados. Según el estudio socioeconómico de Fundación Artemisan referido a 2023, el sector genera un impacto anual superior a 10.190 millones de euros y sostiene más de 199.000 empleos directos e indirectos. El furtivismo perjudica, por tanto, a la fauna, pero también a la gestión de las fincas y a la economía de muchos municipios rurales.
Dos encuestas para poner cifras al problema
La investigación se apoyará en dos encuestas digitales y anónimas que han superado el análisis del Comité Ético de la Universidad de León, institución que colabora con el proyecto. Una estará dirigida específicamente a titulares y gestores de cotos de caza mayor.
La segunda recabará la opinión de la población general e incluirá tanto a personas vinculadas con el sector cinegético como a ciudadanos ajenos a él. La combinación de ambos grupos permitirá comparar la experiencia directa de los afectados con la visión que mantiene el conjunto de la sociedad.
Entre otras cuestiones, los investigadores analizarán si el furtivismo está socialmente aceptado en algunos territorios, cómo se percibe a los furtivos y qué diferencias establece la ciudadanía entre estos delincuentes y un cazador que practica su actividad dentro de la legalidad.
También se estudiará si determinadas formas de furtivismo llegan a justificarse por razones culturales o de necesidad. Conocer esos argumentos puede resultar decisivo para combatir la tolerancia social, promover la denuncia y diseñar campañas de sensibilización y disuasión mejor dirigidas.
Propuestas para cambiar la respuesta institucional
El trabajo no se limitará a describir el problema. Fundación Artemisan y SCI Iberian Chapter prevén elaborar informes técnicos dirigidos a las administraciones competentes y un documento con propuestas de reforma legislativa.
Las recomendaciones abordarán cuestiones como el régimen sancionador, los mecanismos de denuncia y los medios disponibles para la vigilancia. El objetivo es que las administraciones dispongan de evidencias con las que mejorar la prevención y ofrecer una respuesta acorde con los daños causados.
La encuesta destinada a la población general ya está disponible y puede completarse de forma anónima en este formulario.
