Da mucho que pensar que el Partido Animalista haya solicitado por carta al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de institucionalidad por las «varias chapuzas» que presenta la Ley de Protección Animal. Al no tener legitimación para presentar directamente un recurso ante el Tribunal Constitucional, ha solicitado su interposición.
No es la primera vez que los animalistas muestran su descontento. Lo hizo cuando dieron a conocer el texto final de la ley y la formación la consideró «una verdadera ruina para los animales debido a las múltiples exclusiones que contiene».
En un comunicado alegaban las «múltiples carencias» y que dejaba «desprotegidos a la gran mayoría de animales». De este modo, PACMA solicitaba a Unidas Podemos que retirara dicho texto.
Esto dice ahora PACMA sobre la ley animalista
Tal y como informa ahora Europa Press, el partido cree que la exclusión de los perros de caza fue «una estrategia premeditada para excluir a la ciudadanía». «El Gobierno esperó premeditadamente a que el Proyecto de Ley estuviera registrado en el Congreso, fuera del alcance de la ciudadanía, impidiendo así que entidades y particulares dedicados a la defensa de los animales pudieran realizar cualquier tipo de alegación u ofensiva contra la exclusión de los perros de caza», critican.
Sin embargo, sus ataques no solo van hacia el PSOE. De igual forma, acusan a Unidas Podemos como parte del Gobierno de conocer «de primera mano» la previsión de que se había aprobado una normativa específica para los perros de caza en la Estrategia Nacional de la Caza.
Por esta razón, culpa a dicho partido de hacer «postureo» en este asunto y asegura que se hace «evidente» cuando el director general de Derechos de los Animales se comprometió a tumbar el Proyecto de Ley antes de que se aprobara excluyendo a los perros de caza. Sin embargo, «no solo no tumbó el Proyecto, sino que votó a favor del mismo».
Una vulneración del derecho a la igualdad
Asimismo, PACMA considera que, con ese hecho, se vulneró el derecho fundamental a la igualdad al no contemplarse esta exclusión en el anteproyecto de ley que se sometió a audiencia pública en marzo de 2022. Esto, según la formación, vulnera el artículo 105 de la Constitución, el cual garantiza el derecho de audiencia de los ciudadanos en la elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
Además, aseguran que incumple los principios de jerarquía normativa y de seguridad jurídica garantizados por la Constitución y que «no se ajusta» al Convenio Europeo de protección de animales de compañía, ratificado por España en 2017.
Por último, PACMA denuncia las «varias y graves» contradicciones jurídicas en el articulado de la norma. Apuntan, también, que cuenta con varias «chapuzas jurídicas». De este modo, los animalistas se unen al sector de la caza, al mundo rural, a la comunidad científica, a los veterinarios, a los juristas y a la CNMV mostrando su rechazo una vez más a la ley animalista.
