Por Andrés Zorita Calvo – Cirujano vascular · Colaborador de Jara y Sedal
En los pasillos de cualquier hospital, un cirujano sabe perfectamente que ignorar una infección incipiente bajo el pretexto de no querer dañar el tejido blando es una negligencia crítica. El aplazamiento de la intervención conduce, de manera inexorable, a una infección generalizada y al fallo multiorgánico. Curiosamente, cuando el paciente que se desangra no es un ser humano, sino el territorio rural, la política actual prefiere aplicar la homeopatía del sentimentalismo urbano antes que el bisturí del sentido común y la evidencia científica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva años advirtiendo sobre la necesidad imperiosa de adoptar el enfoque One Health (Una Sola Salud). Este paradigma científico establece una verdad incómoda para el ecologismo de salón: la salud de las personas, de los animales silvestres y de los ecosistemas funciona como un sistema de vasos comunicantes. Si un eslabón se infecta o se satura por exceso de población, el sistema entero colapsa. Sin embargo, desde los despachos blindados de la capital se sigue legislando bajo la fantasía de una naturaleza idílica que se autorregula sola. Ignoran de forma temeraria que en una Europa totalmente transformada por la acción del hombre, la ausencia de una gestión cinegética rigurosa no produce un paraíso virgen, sino un inmenso hospital de campaña al aire libre.
La sobrepoblación no es una cifra abstracta en un informe ambiental o un gráfico estadístico; es el nido biológico perfecto para patógenos letales que saltan las fronteras entre especies. No hablamos de hipótesis teóricas, sino de realidades clínicas de extrema gravedad. España ostenta el preocupante hito de ser el único país de la Unión Europea que notifica casos autóctonos recurrentes de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC), un virus cuya tasa de letalidad en nuestro territorio supera el 30 % en los casos graves que requieren hospitalización. Las investigaciones del Centro Nacional de Microbiología han confirmado una correlación científica incuestionable: el ciervo común y el jabalí son los principales huéspedes de la garrapata Hyalomma, el insecto vector que transmite esta patología mortal. Cuando las densidades de caza mayor se disparan debido a la inacción o a las trabas administrativas impuestas a la caza, las garrapatas se multiplican de forma masiva. Lo que empieza como una negligencia de leyes en el monte termina convirtiéndose en una ruleta rusa sanitaria para ganaderos, excursionistas, trabajadores forestales y los propios cazadores.
La fauna silvestre y los riesgos sanitarios
El escenario no es menos alarmante si analizamos la evolución de la tuberculosis animal, provocada por bacterias que saltan a los humanos. Los datos oficiales demuestran que el repunte de esta enfermedad está directamente ligado a la densidad incontrolada de la fauna silvestre, donde el jabalí actúa hoy como un foco de contagio autónomo y móvil. Aquí radica una de las mayores paradojas e injusticias de la política agraria actual: la administración asfixia a las explotaciones de ganadería extensiva con vaciados sanitarios obligatorios, inmovilizaciones de ganado y sacrificios traumáticos de vacas sanas por mera sospecha, mientras que, de forma simultánea, restringe o criminaliza la actividad cinegética en los cotos y montes públicos colindantes. Impedir que el cazador actúe sobre el foco silvestre mientras se arruina al ganadero no es protección ambiental; es un fallo multiorgánico en las políticas de seguridad sanitaria del Estado.
Este alarmante escenario de desprotección no es fruto del azar; es el resultado de un cálculo político frío y estrictamente electoral. Los dos grandes partidos tradicionales que han gobernado este país han incurrido en el mismo error: la capitulación absoluta ante el ecologismo de ciudad. En una democracia donde los escaños se deciden en el hormigón de las grandes capitales, tanto el PSOE como el PP han terminado por diseñar sus programas agrarios y ambientales con la mirada puesta en el asfalto. El campo ha sido sacrificado en el altar del voto urbanita. Esta desconexión ha generado una auténtica infección legislativa. Para no contrariar a una masa de votantes de ciudad fuertemente influenciada por documentales de salón, la política nacional ha preferido ignorar el criterio de ingenieros de montes, veterinarios y de los propios habitantes del entorno rural. Se legisla para el ciudadano que pisa el monte una tarde de domingo, imponiendo restricciones absurdas que ahogan las actividades tradicionales. Al despojar al habitante rural de su autonomía para gestionar su entorno, el bipartidismo no solo ha acelerado la despoblación de la «España vaciada», sino que ha dejado el territorio desarmado ante las crisis sanitarias y los incendios forestales. Han preferido complacer el sentimentalismo de las urnas urbanas antes que asumir la responsabilidad de Estado que exige la supervivencia del medio rural.
El coste de renunciar a la gestión
Paralelamente, el debate sobre el campo se ha infantilizado de tal manera que las decisiones técnicas se supeditan al miedo a las redes sociales. Aquellos colectivos que promueven la prohibición de la caza en espacios protegidos o parques nacionales bajo una supuesta superioridad moral son, paradójicamente, los mayores causantes del sufrimiento animal. La falta de depredadores naturales y de control poblacional sistemático conduce inevitablemente al hacinamiento. Y el hacinamiento es la antesala de la miseria biológica: brotes devastadores de sarna que devoran vivas a las poblaciones de cabra montés, desnutrición generalizada en los inviernos y muertes agónicas por extrema delgadez y hambre. Dejar que una población animal enferme y muera de forma cruel por no aplicar una gestión cinegética selectiva y ordenada no es ética animalista; es una crueldad pasiva vestida de falso ecologismo.
Por todo ello, la actividad cinegética debe ser reivindicada con urgencia y sin complejos como el pilar operativo de la estrategia One Health (Una Sola Salud) en España, y no como un mero divertimento recreativo. En la estructura sanitaria de nuestra nación, el cazador y el rehalero ejercen una función idéntica a la de los médicos de cabecera en el sistema de salud: son el primer frente de contención, los ojos sobre el terreno capaces de diagnosticar de manera precoz un brote epidémico antes de que este salte a la cadena alimentaria o al asfalto de las ciudades. Desarmar al territorio de este cordón de bioseguridad para no perder un puñado de votos en las áreas metropolitanas es una imprudencia colectiva que pone en jaque la salud humana general. La gestión del campo no puede seguir siendo el rehén de las estrategias de comunicación de los partidos políticos. Es hora de que las cúpulas de las grandes formaciones entiendan que el territorio no se gestiona desde un mitin en Madrid o Barcelona. Es el momento de apartar el dogma electoral, escuchar a la ciencia del terreno y permitir que el sentido común rural devuelva el equilibrio sanitario y la dignidad a nuestros montes.
