Cataluña ha abierto una convocatoria de ayudas que paga hasta 70 euros por cada jabalí capturado en las zonas afectadas por la peste porcina africana (PPA) y 35 euros por ejemplar en el resto del territorio catalán. La medida, gestionada por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, busca mantener la presión cinegética sobre una especie que antes de la enfermedad ya generaba daños agrícolas, accidentes de tráfico y conflictos en zonas urbanas, y que ahora concentra además el foco de la vigilancia sanitaria.
La convocatoria, con plazo de solicitud hasta el 29 de septiembre de 2026, se dirige a sociedades y asociaciones de cazadores, titulares de terrenos cinegéticos y gestores de puntos logísticos de carne de caza (PLCC). Se enmarca en las bases reguladoras aprobadas mediante la Orden ARP/142/2026, de 27 de julio, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 30 de julio, que fija el marco general de estas ayudas para fomentar las capturas de jabalí y la comercialización de su carne.
Dos cuantías según la zona sanitaria
El grueso del presupuesto, 1,56 millones de euros, se destina directamente a subvencionar las capturas. La cuantía de 70 euros se aplica a los jabalíes abatidos en las áreas declaradas como zona afectada por la PPA donde la Generalitat ha reforzado además las partidas complementarias que acompañan a la captura: cinco euros por cada ejemplar transportado hasta un punto logístico o establecimiento autorizado, y otros 10 euros por pieza recepcionada y acondicionada en esos centros para su entrada en el circuito alimentario. La distribución reserva 140.000 euros para el transporte de los animales, 138.000 para su acondicionamiento y 42.000 euros para gestionar los residuos SANDACH, es decir, los subproductos animales no destinados a consumo humano que se generan durante todo el proceso.
Ninguna de estas cantidades tiene sentido por separado. Un jabalí abatido que no llega a un punto logístico, no se acondiciona correctamente y no genera una gestión adecuada de residuos no cierra el circuito que la propia convocatoria pretende incentivar. La Generalitat vincula expresamente el incentivo económico con la reducción de la densidad de jabalíes y con la prevención de enfermedades, además de con la voluntad de que la carne aprovechable llegue a los canales legales de comercialización.
Un brote que cambió las prioridades sanitarias
El contexto que sostiene la convocatoria es el brote de PPA detectado en noviembre de 2025 en el entorno de Bellaterra (Barcelona), que supuso la reaparición de la enfermedad en España después de más de tres décadas. El virus, que afecta a los suidos —cerdos y jabalíes— pero no se transmite a las personas ni supone riesgo para el consumo de carne, obligó a establecer zonas restringidas con cierre de accesos, prohibición de actividades cinegéticas en los primeros compases y despliegue de vallados perimetrales para frenar los desplazamientos del animal.
El balance oficial más reciente, actualizado por los Servicios Veterinarios Oficiales de la Generalitat el 24 de septiembre de 2026, sitúa la cifra en 71 focos y 396 jabalíes positivos distribuidos en 13 municipios de la provincia de Barcelona, sin ningún caso confirmado en explotaciones de cerdo doméstico. De esos 71 focos, tres son primarios y 68 secundarios, y la mayoría de los positivos recientes se han detectado a partir de restos de cadáveres hallados en el medio natural, uno de los canales de vigilancia que las autoridades sanitarias consideran clave para limitar la propagación del virus.
Ayudas específicas para las sociedades de cazadores
Una de las principales novedades de esta convocatoria es la línea pensada para las asociaciones y sociedades de cazadores sin ánimo de lucro cuya actividad se ha visto limitada por las restricciones sanitarias. Cuenta con una dotación de 320.000 euros y puede cubrir hasta el 100% de determinados gastos subvencionables, con un máximo de 10.000 euros por entidad beneficiaria. Entre los conceptos admitidos figuran el alquiler de los locales, los suministros y los gastos veterinarios de los perros de caza, una partida que reconoce el desgaste material que supone mantener operativas las batidas y monterías cuando parte del territorio queda acotado por razones sanitarias.
La Generalitat reconoce a estas entidades como el sistema de caza tradicional del jabalí en Cataluña prácticamente en exclusiva, según recoge la propia Orden ARP/142/2026. El procedimiento de tramitación es de concurrencia no competitiva, lo que en la práctica significa que las solicitudes se resuelven por orden de entrada mientras exista crédito disponible, sin necesidad de comparar unas peticiones con otras. Las ayudas son compatibles con otras subvenciones para la misma finalidad, siempre que la suma no supere el coste total de la actividad, aunque no pueden financiar actuaciones ya contratadas por la Generalitat dentro de las medidas urgentes adoptadas en diciembre de 2025 contra la PPA.
El doble de presupuesto que en 2025
La dotación de este año duplica ampliamente la del ejercicio anterior. En 2025 las ayudas concedidas ascendieron a 1,07 millones de euros, la primera vez que esta línea superaba el millón. Para 2026 la Generalitat ha elevado la partida hasta los 2,2 millones, una decisión que el propio Departamento vincula tanto a la necesidad de mantener la presión cinegética como a las exigencias derivadas de la situación sanitaria.
Las solicitudes de la convocatoria anterior dan una idea del volumen de trabajo que asumen las sociedades de cazadores: según los datos disponibles, las peticiones recogieron 30.544 jabalíes en una línea, 36.264 en otra y 37.131 en una tercera.
Un problema que ya pesaba antes de la PPA
La sobrepoblación de jabalíes no es un fenómeno nuevo en Cataluña. Antes de que la PPA reapareciera, la especie ya generaba pérdidas en explotaciones agrícolas, accidentes de tráfico por animales que cruzan la calzada y una presencia cada vez más habitual en las inmediaciones de núcleos urbanos, con los consiguientes conflictos vecinales. El riesgo sanitario ha añadido una capa adicional de urgencia a un problema de gestión que las sociedades de cazadores venían afrontando desde hace años con recursos limitados.
Esa doble presión —control poblacional de fondo y contención de un brote activo— es la que explica que la Generalitat haya optado por reforzar el incentivo económico directo en lugar de limitarse a ampliar los periodos hábiles de caza. En abril de este año, de hecho, Jara y Sedal ya adelantó que el Govern estudiaba ampliar el periodo hábil de caza del jabalí y ofrecer subvenciones para munición, en línea con lo que el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, definió ante el Parlament como un proceso de vaciado sanitario en las zonas de alto y bajo riesgo.
Qué deben tener en cuenta cazadores y gestores
Para las sociedades de cazadores y los titulares de cotos interesados en acceder a estas líneas, la primera comprobación pasa por verificar en qué zona sanitaria se ubica el terreno, ya que de ello depende si corresponde la cuantía de 70 o de 35 euros por ejemplar. La ayuda por captura no sustituye ni amplía por sí misma los permisos cinegéticos vigentes: las restricciones sanitarias en las zonas afectadas por la PPA siguen determinando qué modalidades de caza están permitidas y en qué condiciones, y esa información debe consultarse siempre en las resoluciones específicas que declaran cada zona de protección o vigilancia, no en la convocatoria de ayudas.
En cuanto a la tramitación, conviene conservar toda la documentación que acredite tanto las capturas como los gastos asociados al transporte, acondicionamiento y veterinaria de los perros, ya que el procedimiento de concurrencia no competitiva exige justificar cada actuación dentro de los plazos que fije la resolución de concesión. Los gestores de puntos logísticos de carne de caza, por su parte, deben tener presente que las piezas solo generan derecho a la ayuda de recepción y acondicionamiento si entran por los circuitos autorizados, un requisito que conecta directamente con el objetivo sanitario de la convocatoria: evitar que la carne de jabalí procedente de zonas de riesgo se mueva fuera de los canales controlados.
