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Los españoles pagaremos más de un millón a un pueblo de León por prohibir la caza en sus tierras

La pedanía de Caín recibirá una indemnización de 1.140.348,44 euros por haberse prohibido la caza en la parte de los terrenos incluidos en el Parque Nacional de Picos de Europa.

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Publicado: 13 de enero de 2023 / Actualizado el: 2023/01/26 - 17:41

La Administración pública indemnizará con más de un millón de euros del erario público a la la pedanía leonesa de Caín de Valdeón, una aldea perteneciente al municipio de Posada de Valdeón, tras la prohibición de la caza en los Parques Nacionales. Caín recibirá, exactamente, la compensación de 1.140.348,44 euros como indemnización por la prohibición de la caza en la parte de sus terrenos incluidos en el Parque Nacional de Picos de Europa.

Según amplía Diario de Valderrueda, en concreto se trata del cuartel de caza ‘Picos’ de la reserva regional de caza de Riaño, unos montes por los que la pedanía recibía una compensación económica por los trofeos de caza que se vendían. «Esas cabezas se subastaban entre los cazadores que después venían al pueblo, pero al prohibirse la caza en 2019 nos quedamos sin ese ingreso», ha explicado el alcalde pedáneo, Marino Pérez.

Asimismo, la Junta Vecinal de Caín contrató un abogado y un ingeniero de montes para la elaboración de un proyecto de valoración de los daños que había supuesto suspender la caza dentro del Parque Nacional. De esta forma comenzaron las primeras reuniones en agosto de 2020 y después de una serie de ofrecimientos por parte del Ministerio que el presidente de la Junta Vecinal desestimó por considerarlos insuficientes, en noviembre de 2022, Marino Pérez alcanzó un acuerdo con Parques Nacionales que asciende a una compensación de los citados 1.140.348,44 euros, según amplía el citado medio.

En total, la prohibición de la caza en Parques Nacionales cuesta 320 millones de euros a los españoles

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Ciervo. © Pedro Arroyo

Hay que recordar que, en total, la prohibición de la caza en Parques Nacionales cuesta 320 millones de euros a los españoles, según denunció hace unas semanas la Plataforma de Afectados por Parques Nacionales. «Con esto vuelve a quedar de manifiesto lo absurdo de una norma basada únicamente en criterios ideológicos y que va en contra de todos criterios científicos que señalan la actividad cinegética como una herramienta de gestión poblacional imprescindible a día de hoy», aseguraban.

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