El pasado jueves 2 de febrero salía publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD) la Orden Ministerial 2/2023, de 25 de enero. En la misma se aprobaban las instrucciones para aplicación en las Fuerzas Armadas del reglamento de armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.
Su novedad más importante es que «prohíbe el porte de las armas particulares de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, amparadas por su licencia tipo “A”, salvo que cuenten con un permiso especial de la autoridad competente», advierten desde la Asociación Nacional del Arma (ANARMA). Este permiso se obtendrá previa solicitud justificada por motivos de seguridad, algo que ya estaba ocurriendo oficiosamente desde hace aproximadamente cinco años. Pero que ahora el Ministerio de Defensa ha decidido oficializar utilizando para ello el BOD.
«Esto hace que, la única ventaja que presenta un arma corta particular de un militar en nuestro país, sea el no requerir armero y no estar sujeta a las características de un arma de concurso, definidas por la Real Federación Española de Tiro Olímpico (RFETO)», destacan desde ANARMA en un comunicado oficial. Lógicamente, esta situación tiene varias implicaciones no menores, sobre todo si tenemos en cuenta que afecta aproximadamente a 35.000 armas, según anuario del Ministerio del Interior del 2021.
La más obvia y más importante es que «la seguridad en nuestras calles se resiente, dado que resulta obvio que personal entrenado con ellas suponen un plus de seguridad para el resto de los ciudadanos», argumentan.
«Cuando la criminalidad en nuestro país está disparada y nos acercamos a un escenario igual al que se produce en países como Bélgica, Francia o Suecia, no parece lo más lógico desarmar a aquellos que sirven a nuestra Patria. Menos aún, con los crecientes episodios de violencia yihadista y estando en un nivel de alerta terrorista de 4», añaden.
Un «desarme ciudadano promovido por la Agenda 2030»
Se trata de «un episodio más en la hoja de ruta del desarme ciudadano promovido por la Agenda 2030 y del que en ANARMA venimos avisando desde hace años», denuncia ANARMA. «Este desarme es total e incluye no solo a cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas de armas, sino también a las armas particulares de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Se ha comenzado por las Fuerzas Armadas, que por su disciplina y obediencia debida pocas quejas van a expresar. Pero que nadie dude que, policías locales, guardias civiles y policías nacionales están en el punto de mira de esta agenda anti armas», añaden.
Aunque podíamos decir que llueve sobre mojado, ya que en 2020, con motivo de la trasposición de la nueva Directiva de Armas Europea, se realizó el enésimo parcheado del reglamento de armas de 1993. En el mismo se les prohibió la posibilidad de mejorar, de forma particular, su equipamiento de cargadores de alta capacidad de dotación. Una práctica habitual entre nuestros servidores públicos, especialmente entre aquellos que prestaban su servicio en misiones en el exterior.
«Una prohibición que nuestra asociación recurrió en el Tribunal Supremo, dentro de una demanda que incluía varios aspectos del “nuevo” reglamento y que ganamos parcialmente. Aunque lamentablemente, en este punto y de forma incomprensiblemente, el alto tribunal no nos dio la razón en primera instancia, ni posteriormente cuando lo impugnamos, a través del preceptivo escrito de solicitud de nulidad de actuaciones. Otra merma más a la seguridad de los propios funcionarios y por extensión a la de la ciudadanía a la que sirven», denuncian desde la asociación armera.
«Lo que sí hemos logrado evitar en esta OM, es que se aumente la lista de “calibres de guerra” prohibidos a civiles. Una pretensión que conocimos en diciembre del 2020 y que logramos desactivar con la ayuda de cazadores y tiradores deportivos con el consiguiente escándalo mediático. Esto demuestra que cuanto antes se ataquen los problemas más posibilidades de éxito se tienen», añaden.
ANARMA valora interponer una demanda
En cualquier caso, el compromiso de ANARMA con todos los usuarios de armas «es firme». «Hemos puesto en manos de nuestro gabinete jurídico el caso, para evaluar las posibilidades de interponer una demanda y echarlo abajo. Así mismo, vamos a dar a conocer esta situación entre los diferentes partidos políticos de la oposición en el Congreso de los Diputados», argumentan por último.
