El Gobierno ha vuelto a encender la polémica en torno al lobo ibérico (Canis lupus signatus) con unas declaraciones que contrastan abiertamente con la información aportada por varias comunidades autónomas, expertos científicos y otras entidades de relevancia. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, afirmó este miércoles que el Ministerio acaba de cerrar el nuevo censo de lobos y que «el dato final dice que en España hay menos lobos que linces».
Lo hizo durante un desayuno informativo celebrado en Madrid por Executive Forum, donde además se preguntó: «¿Por qué el lince sí y el lobo no, si los dos prestan servicios similares?». En su intervención, comparó las políticas de protección del lobo con las del lince o el oso, asegurando que la especie está rodeada de un prejuicio que lleva «a cometer errores».
2.401 linces en 2024 frente a 2.500 lobos hace 11 años
El último censo de linces ibéricos, publicado por el propio Ministerio para la Transición Ecológica, ha revelado una cifra récord de 2.401 ejemplares en España. De ellos, 1.557 son adultos o subadultos y 844 cachorros nacidos en 2024. Se trata de un hito en la recuperación de una especie que, hace solo dos décadas, estaba al borde de la extinción.
Sin embargo, esa cifra no es tan superior si se compara con los datos históricos del lobo. El último censo oficial de esta especie, realizado hace más de diez años –entre 2012 y 2014–, estimaba unos 2.500 lobos distribuidos en 297 manadas. Desde entonces, y especialmente tras la prohibición de su caza en 2021, múltiples informes apuntan a que la población ha seguido creciendo. Entonces, ¿cómo puede haber ahora menos de 2.400 lobos? ¿Ha descendido la población en contra de lo que se creía?
Sus ataques al ganado han aumentado un 33% desde 2021
Un informe de la Fundación Artemisan, elaborado en 2023 y remitido a la Comisión Europea, señalaba un crecimiento del 26 % en la población de lobos desde el último censo nacional, en base a datos de las propias comunidades autónomas. Estimaba la existencia de unas 780 manadas entre compartidas y exclusivas, lo que equivaldría a unos 2.800 ejemplares en el territorio nacional.
Estos datos coinciden con los comunicados oficiales de regiones como Castilla y León, donde la Junta notificó a finales de 2023 un aumento del 33 % en los ataques a la ganadería desde la entrada en vigor de la protección estricta del lobo. Solo ese año se registraron 3.558 ataques y 5.566 animales muertos, con un coste de 3,45 millones de euros en indemnizaciones.
Galicia: el censo oficial, un 40% por debajo del real
A esta disparidad se suma el reciente estudio del Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (Ibader), integrado en la Universidad de Santiago de Compostela, que revela que el censo oficial de lobos en Galicia subestimó en más de un 40 % la población real.
Entre 2021 y 2022, los investigadores detectaron 23 grupos familiares, de los cuales 18 eran reproductores. El censo oficial gallego, elaborado entre 2019 y 2020, solo identificó 13 manadas en la misma zona. Según los autores del estudio, eso implica una subestimación del 43,4 % en las manadas reproductoras.
¿Menos lobos… o menos transparencia?
Llama la atención que, tras cuatro años de protección total, el Gobierno pretenda hacer creer que ahora hay menos lobos que linces, contradiciendo todos los indicios de crecimiento de la especie de los últimos años y la realidad que los habitantes del mundo rural sufren cada día. Sobre todo, cuando los censos de Castilla y León y Galicia —dos de las regiones con mayor presencia de lobo— apuntan justo en sentido contrario.
Para muchos expertos, la afirmación de que hay más linces que lobos no solo es discutible, sino que pone en cuestión la fiabilidad y transparencia de los censos oficiales. El debate sobre el equilibrio entre conservación y coexistencia con la ganadería extensiva sigue abierto, pero las cifras —al menos las conocidas— no avalan la tesis del Ministerio, que parece estar difundiendo un nuevo bulo en boca de Hugo Morán.
Europa da marcha atrás… y el Gobierno reacciona
Este anuncio del nuevo censo llega, además, en un momento especialmente llamativo: apenas unos meses después de que la Comisión Europea haya decidido rebajar la protección del lobo a nivel continental. La presidenta Ursula von der Leyen reconoció en otoño de 2023 que las poblaciones de lobo están en expansión y que deben retomarse las competencias nacionales para permitir su control allí donde afecte a la ganadería y al mundo rural. España, como el resto de países miembro, ha recuperado así la capacidad de actuar sobre sus poblaciones tras años de presión por parte de ganaderos, regiones afectadas y científicos.
Lo paradójico es que durante los últimos once años —desde el censo de 2014—, el Gobierno español no había mostrado interés alguno por actualizar los datos del lobo. Ni siquiera lo hizo en 2021, cuando prohibió su control en todo el territorio nacional basándose en argumentos puramente ideológicos y sin soporte técnico actualizado. Que ahora, justo cuando Europa se rinde a la evidencia y flexibiliza su postura, el Ministerio anuncie de forma apresurada un nuevo censo con cifras que nadie cree, no solo genera dudas, sino que refuerza la sospecha de que el relato oficial pretende justificar una estrategia fallida.
