El proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales que ahora se encuentra en el Congreso de los Diputados y que continúa su tramitación tras superar tres enmiendas a la totalidad formuladas la semana pasada, sigue generando polémica. Y es que su articulado es tan descabellado que, de ser aprobado, generará situaciones tan absurdas como onerosas para los ciudadanos.
En anteriores ocasiones hemos hablado de las multas de hasta 10.000 euros que podrá recibir un ciudadano si su perra se queda preñada sin permiso del Estado. Esa es la misma cantidad con la que se sancionará a un mendigo si ejerce la mendicidad acompañado por una mascota. Hoy analizamos otro de los despropósitos de la ley impulsada por el Gobierno. Concretamente su artículo 22, el cual obliga a todos los ayuntamientos de España sin excepción a contar con un servicio de urgencia para la recogida de animales extraviados y a prestar asistencia veterinaria las 24 horas del día. En resumen, se trata de una especie de Seguridad Social para animales de la que ni siquiera gozan las personas, pues hay que tener en cuenta que en España hay miles de municipios que ni tan siquiera disponen de asistencia sanitaria las 24 horas y que muchos de ellos reciben la visita del médico de familia una vez a la semana.
¿Qué dice el Artículo 22 de la ley animalista?
El punto 1 del Artículo 22 establece lo siguiente: «Corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal. Para ello deberán contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las veinticuatro horas del día».
Además, abre la puerta a que este servicio sea privatizado y asignado a entidades pertenecientes al lobby animalista, como las protectoras animales, puesto que establece que «esta gestión podrá realizarse directamente por los servicios municipales competentes o por entidades privadas, sin perjuicio de que, siempre que sea posible, se realicen en colaboración con entidades de protección animal». En este sentido cabe recordar que las principales movilizaciones a favor de la Ley de Bienestar Animal están siendo coordinadas por personas pertenecientes a esas entidades animalistas, las cuales ya han suscrito contratos millonarios con administraciones públicas como la Comunidad de Madrid.
Una cuestión que no ha sido consensuada con los ayuntamientos
La falta de consenso y la imposición ideológica han sido las dos principales características de la ley animalista desde su origen. El Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 tampoco ha consensuado este artículo con los municipios, los cuales tendrán que hacer frente a un importante desembolso por imposición legal y contra la voluntad de los contribuyentes, especialmente en el mundo rural. No hay que olvidar que el pasado 20 de Marzo más de medio millón de personas procedentes de la España Vaciada acudieron a Madrid para pedir la retirada de este proyecto de ley.
Sin atención 24 horas para la personas, pero sí para los animales
De salir adelante la medida, supondrá un agravio más para el mundo rural, donde los servicios básicos como la sanidad o la educación son recortados de forma constante. No resultará sencillo al Gobierno de Pedro Sánchez explicar a los habitantes rurales por qué se otorgan a los animales las prestaciones de las que se priva a los vecinos de los pueblos.
Hay que recordar que, una de cada cuatro personas de la España Vaciada vive en riesgo de exclusión social, según datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y los datos recogidos en su último informe, denominado tasa AROPE.
