La Junta de Castilla y León ha ordenado la suspensión de todas las autorizaciones de caza del lobo concedidas en cualquiera de las modalidades y que estaban en vigor ante la norma del Gobierno que eleva la protección del cánido con su inclusión en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre). El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha apuntado que el Ejecutivo autonómico da este paso «por el principio de precaución» y hasta tener el resultado de un informe solicitado a los Servicios Jurídicos de la Junta para «saber en qué quedan estos derechos concedidos a los ciudadanos».

En este sentido, ha criticado que la orden, publicada este martes en el BOE, «no regula adecuadamente una situación transitoria», ya que no entra a explicar «qué pasa con las autorizaciones dadas hasta ahora». «Aún estamos sorprendidos y consternados por el daño en nuestro territorio», espetó el consejero, quien insistió en que esta decisión causa «efectos perjudiciales» desde hoy mismo al medio rural y tiene en contra a «todo el arco político». «Seguimos sin saber qué defiende el Ministerio para la Transición Ecológica, pero desde luego los intereses generales, no. No está en sintonía con las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias y el territorio. Pero habrá alguna organización ecologista que estará muy contenta, pero debe ser la única», afeó.

Suárez-Quiñones manifestó que a día de hoy, en el marco de los cupos de caza del lobo, había «precintos en juego» que se traducen en recursos económicos para las entidades locales, empleo y regulación de las poblaciones «a favor de un equilibrio con la ganadería».

Las cuatro comunidades que piden suspender la prohibición de cazar lobos y anuncian batalla judicial

Los presidentes de las cuatro comunidades con el 95% de la población lobera, en contra de prohibir su caza.

La prohibición de la caza del lobo en todo el país publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado ha provocado que cuatro comunidades hayan anunciado una batalla judicial contra esta prohibición: Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, donde habita el 95 % de los ejemplares de la especie han alzado la voz.