La Junta de Castilla y León, por medio de sus servicios jurídicos, ha defendido la posibilidad de cazar lobos al norte del río Duero en su respuesta al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional frente a la Ley de Caza de Castilla y León.
En las alegaciones presentadas al Constitucional, la Junta ha abogado por la búsqueda de un equilibrio estable entre la conservación del cánido y el mantenimiento de la ganadería, tal y como ha a asegurado el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, en un comunicado remitido este martes por la Junta de Castilla y León y que hoy recoge EFE.
En sus alegaciones y en defensa de la ley autonómica, la Junta ha señalado que una «simple orden ministerial» no cumple los requisitos formales ni materiales necesarios para sobreponerse a la normativa autonómica, ya que «tales previsiones sobre limitaciones de la caza del lobo al norte del Duero solo podrían haberse acordado por un Real Decreto del Consejo de Ministros, como exige la Ley básica del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 2007».
Esta Orden fue impugnada por la Junta de Castilla y León ante la Audiencia Nacional mediante un recurso contencioso administrativo, como también lo hicieron gobiernos autonómicos de diferentes signos políticos, como Cantabria, Asturias o Galicia, que en la actualidad se están tramitando.
El Estado señala ahora en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto que esta Orden, aun siendo de fecha posterior, ha hecho que devenga en inconstitucional la Ley autonómica aprobada previamente, y es ese pronunciamiento lo que el Estado reclama en este recurso al alto Tribunal respecto a todos las artículos y anexos de la Ley autonómica que hacen referencia al lobo.
En las alegaciones del servicio jurídico de la comunidad se indica que la Junta de Castilla y León «siempre ha actuado de acuerdo con el principio de buena fe y lealtad institucional», cosa que «no resulta predicable respecto a la conducta del Estado», ha apostillado el comunicado.
