La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía ha informado al Consejo de Gobierno acerca del inicio de la tramitación de la orden por la que se regulará la acreditación y las funciones de las personas controladoras de predadores cinegéticos y se aprueban sus métodos de captura en la región.
En Andalucía hay más de 256.000 cazadores con licencia y más de 100.000 federados. Asimismo, cuenta con más de 7.500 cotos de caza privados o deportivos y con Reservas Andaluzas de Caza que abarcan el 81% del territorio y cerca de siete millones de hectáreas.
De igual modo, como ha asegurado la Junta de Andalucía, «la caza es uno de los grandes elementos aportadores» a su PIB, «de gran importancia como recurso en determinadas zonas y comarcas» de la región y para el medio rural, «siendo elemento clave para su desarrollo económico y social y, en consecuencia, para la lucha contra la despoblación».
Andalucía se compromete con una «práctica cinegética responsable»
Por ello, el Gobierno andaluz, más allá de «revindicar la legalidad de la actividad, está comprometido con una práctica cinegética responsable, racional y sostenible para la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los hábitats y los equilibrios biológicos», han apuntado.
Así, ante la «demanda del sector», la Junta ha abordado la regulación del control de predadores cinegéticos mediante medios de captura homologados con dicha orden de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul «que se basa en el Plan Andaluz de Caza 2023-2033.
Los cazadores andaluces se manifestarán si la Junta no autoriza el control de predadores
Con ella pretenden, según palabras del Gobierno andaluz, regular aspectos como «las funciones de las personas controladoras de predadores cinegéticos, los requisitos de acceso; las especies predadoras objeto de control; los métodos de captura de predadores homologados y el procedimiento de homologación para nuevos métodos; y el procedimiento de autorizaciones para el control de predadores con los métodos de captura homologados y las condiciones de manejo de los ejemplares».
Por último, han afirmado que también supondrá «un nuevo impulso a la gestión del sector cinegético y del medio rural, que precisaba de una regulación en el ámbito andaluz para dar respuesta a las indicaciones y recomendaciones establecidas en el propio Plan Andaluz de Caza y en el Plan de Acción para la Erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en Andalucía, además de ser un instrumento clave para la protección de la caza menor».
