fbpx

El Gobierno quiere prohibir la caza del lobo sin saber cuántos hay realmente

La inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial no está amparada por un censo nacional actualizado.

Grupo de lobos en Sanabria. ©Shutterstock

La orden ministerial que prohibirá la caza del lobo podría entrar en vigor antes del 25 de septiembre, según ha anunciado esta semana Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica. A pesar de que el mundo rural se manifestó hace una semana en Madrid para exigir que no se incluya a la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE), el Gobierno sigue adelante con su hoja de ruta prohibicionista. Llama la atención la obstinación con la que desde el MITECO se está llevando adelante esta cuestión, en contra de la población rural, de los ganaderos, de las comunidades autónomas con presencia de lobo ibérico y tras una ‘votación’ que intentó, inútilmente, tratar de hacer ver que se trata de una decisión consensuada.

Otro de los aspectos que más llaman la atención es que esa prohibición de su caza no se basa en un censo oficial de lobos actualizado, si no que se propone en base a las cifras de hace siete años. Curiosamente, el Ministerio ha anunciado la intención actualizar el censo de la especie entre el 2021 y 2022 «con los métodos más avanzados y precisos de cuantificación», un conteo que quiere llevar a cabo cada cinco o seis años.

Aunque no está contrastado oficialmente, el número de ataques al ganado y la presencia del lobo en terrenos en los que no estaba presente indican que las cifras de ejemplares a día de hoy poco tienen que ver con las de 2014, siendo muy superiores a las que utiliza el equipo de Teresa Ribera. ¿Por qué contarlos después de prohibir su control? ¿Acaso busca el Gobierno vender hacer ver que el aumento de población que sin duda se verá es consecuencia de la prohibición de su caza?

¿Por qué no existe un censo actualizado del lobo en España?

El último censo nacional del lobo en España se realizó entre los años 2012 y 2014. En total, en ese periodo, se contaron 297 manadas. Desde entonces, se ha constatado la creciente expansión de la especie, fundamentalmente hacia el sur peninsular, y su dispersión demográfica en el noroeste.

Según explica en declaraciones a Jara y Sedal el científico Mario Sáenz de Buruaga Tomillo, «los censos nacionales de lobos se suelen hacer cada cinco o diez años. Una especie como esta tampoco es que cambie de año a año, pero en algunos lugares como Castilla y León o Galicia, las poblaciones sí han variado en los últimos tiempos». Este científico sabe de qué habla, puesto que ha dirigido el censo del lobo en Castilla y León, Cantabria, La Rioja y País Vasco.

Las comunidades loberas anuncian su propio censo

Mientras que el MITECO de Teresa Ribera no parece interesado en saber el número de lobos reales antes de prohibir su control, las principales comunidades autónomas que cuentan con lobos en su territorio ya han anunciado que realizarán el suyo propio a finales del presente año o durante el próximo, según señaló este miércoles el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León elaborarán este conteo de los ejemplares para después plantear un texto alternativo y de modificación de la Estrategia para la Conservación y la Gestión del Lobo, que data de 2005. También han anunciado que si el Gobierno hace efectiva la prohibición acabarán llevando la cuestión ante los tribunales.

El caso de Castilla y León: su último censo reveló un aumento de un 20% de la población de lobo

Lobo Ibérico. / Shutterstock

En 2012-2013 tuvo lugar el último censo oficial realizado por la Junta de Castilla y León, que fue realizado en colaboración con el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Entonces, se tenía conocimiento de la existencia de 179 manadas en la región. En otro censo realizado cinco años después, la población se incrementó entre un 18 y un 19%, es decir, ya contaba con unas 20 manadas más.

Aquel censo realizado en Castilla y León estuvo liderado por 578 agentes medioambientales y 106 celadores de la Junta, que recorrieron a pie un área de 50.000 kilómetros buscando indicios y recogiendo pruebas para localizar todas las mandadas de la comunidad.