El director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, ha reconocido este viernes 30 de septiembre que el Gobierno ha llevado a cabo el proyecto de su ley animalista sin tener datos de animales abandonados. Así se ha pronunciado en la IV Jornada Parlamentaria de Protección Animal de la APPDA -Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales- bajo el título La Ley de protección, derechos y bienestar de los animales, a debate.

«Tenemos que avanzar leyes de abandono cero, ¿y cómo avanzamos hacia leyes de abandono cero? Lo hemos visto en pequeñas pinceladas, porque esto es otra cosa que la Administración tampoco tiene: datos de animales abandonados», ha reconocido García Torres durante su intervención.

«Y tenemos datos que por ejemplo nos aporta la Fundación Affinity, que es lo más aterrizado que todos y todas hemos tenidos tener y trabajar para poner en marcha estas normas. Estamos hablando de que hay un porcentaje altísimo de animales que se abandonan que provienen de camadas indeseadas; hay otro porcentaje altísimo de animales que se abandonan que no tienen identificación, y luego también hay un porcentaje alto de animales que se abandonan que provienen del final de la temporada de caza», añadía el director general de Derechos de los Animales.

El director general de Derechos de los Animales obvia no obstante las estadísticas del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, pese a ser el único organismo oficial que recaba datos sobre abandono y maltrato, y cuyas cifras sitúan los casos de abandono y maltrato en 839 durante el año 2020 y en 1.168 casos durante 2021.

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En este sentido, recordamos que hace una semana este medio se hizo eco de cómo la Real Federación Española de Caza denunciaba la falta de rigor y seriedad de movimientos animalistas, que en los últimos días, iniciaron una campaña para recabar cifras de perros de caza abandonados y maltratados sin contar con organismos oficiales ni científicos que validen las conclusiones y estadísticas.

Esta campaña consiste en la creación del correo electrónico [email protected] al que las protectoras y entidades animalistas deben enviar, sin exigencia alguna de identificación que garantice su existencia y actividad y sin ningún tipo de control oficial ni verificación estadística, los datos de perros de caza presuntamente recogidos por las propias protectoras en los últimos cinco años.

Fundación Artemisan, tal y como ha mostrado a través de una nota de prensa, considera incomprensible que un proyecto legal, que tiene entre sus objetivos fundamentales el ‘maltrato cero’ y la lucha contra el abandono, se elabore sin estadísticas ni datos oficiales que lo respalden, aun cuando propone normas que afectan gravemente a numerosos sectores del mundo rural y cuando se ha redactado sin consenso con colectivos y sectores afectados.

En este sentido, la Fundación recuerda que el sector cinegético es el principal implicado en la lucha contra cualquier tipo de maltrato y abandono, pero pide que se legisle con el rigor que debe imperar en la elaboración de leyes que afectan a millones de personas. De hecho, recuerda que el sector ha participado de forma directa y activa en el desarrollo de normativas autonómicas de protección animal que han contado con el consenso de todos los sectores, algo que se ha evitado en la redacción de este proyecto por parte de la Dirección General.

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