fbpx

Los ecologistas del FAPAS realizaron actividades sin permiso en áreas protegidas según el TSJA

Entre las causas, el uso de vehículos a motor y de cámaras fotográficas sin contar con autorización y el retraso en comunicar el hallazgo del cadáver de un oso.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha fallado a favor del Principado de Asturias anulando el convenio de colaboración con el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) por la «falta de colaboración y cooperación» mostrada por la sociedad animalista, según adelanta este viernes La Nueva España en su edición digital.

Tal y como indica el citado medio, los motivos alegados por la Administración regional, y que han logrado respaldo judicial, es el uso de vehículos a motor y de cámaras fotográficas sin contar con autorización, y el retraso en comunicar el hallazgo de un cadáver de oso cuando ya había antecedentes por haber dejado los restos de un burro en un lugar no permitido.

FAPAS no disponía de acreditación de acceso

El Consejo de Gobierno del Principado autorizó en marzo de 2018 la extinción del convenio marco suscrito con FAPAS en noviembre de 2004. La organización animalista llevó el caso al TSJA, «al no concurrir ni ser reales las causas o supuestos incumplimientos en los que se funda y motiva la extinción» de dicho convenio, y añadía que eran «inexistentes, irrazonables, arbitrarios e ilógicos los motivos alegados» por la Administración regional, según consta en la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal asturiano. Además, FAPAS alegaba que no le había sido notificada la existencia o inicio de procedimiento administrativo sancionador por esos supuestos incumplimientos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso LNE, explica también que FAPAS no solicitó autorización para circular con vehículos a motor en los parques naturales de Somiedo, Redes y Ponga tras la aprobación de sus Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), y que por lo tanto no disponía de acreditación de acceso para sus vehículos desde la entrada en vigor de las nuevas normativas. Y lo mismo ocurrió con la instalación de cámaras fotográficas de trampeo, para las que tampoco había solicitado permiso.