La Dirección General de Derechos de los Animales, perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, acaba de sacar a licitación un servicio de estudio de campo relativo al comportamiento de las especies de cotorra argentina, cotorra de Kramer y gorrión común, para su «control ético». Hay que destacar que las dos primeras especies son consideradas exóticas invasoras y que su «posesión, transporte, tráfico o comercio de ejemplares vivos» ya están prohibidos por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Dicho de otra forma: el ejecutivo se gastará más de 110.000 euros en realizar un estudio que investigará la forma de hacer algo que ya está prohibido por la ley, pues se trata de dos especies catalogadas como exóticas invasoras que en muchas comunidades deben ser sacrificadas tras su captura, siguiendo lo establecido por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y por la comunidad científica.
Este hecho contrasta con el diferente trato que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado a otras especies que son exóticas pero que no son invasoras y, a diferencia de las cotorras, no tienen impacto negativo en el medio, como es el arruí. Una especie que, además de prevenir incendios forestales, sirve para generar riqueza y fijar población en el medio rural a través de su caza. Para ellas, el Gobierno sí ha aplicado la ley al pie de la letra, y en los últimos años estamos viendo cómo se está exterminando al arruí de lugares como Murcia, donde ya no quedan casi ejemplares.
Un estudio para evitar el sacrificio de las cotorras
En total, el importe del estudio será de 112.861,92 euros y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses. El plazo de presentación de ofertas terminará el próximo 16 de enero de 2023 a las 23:59 horas. «Basar el control de poblaciones de cotorras, al amparo de su carácter de especies exóticas, en el sacrificio como único método de control dista mucho de poder admitirse si existen, como así ocurre, alternativas para conseguir el mismo resultado aplicando métodos compatibles con la consideración de animal como ser dotado de sensibilidad», señalan desde la Dirección General de Derechos de los Animales en este documento.
En cuanto a las alternativas al sacrificio, la dirección general de Sergio García Torres apunta a que los candidatos a elaborar el estudio deben emplear «métodos no letales tales como vasectomización de los machos, esterilización de los huevos u otros valorables propuestos por el oferente».
Recordamos que las comunidades autónomas con mayor población de cotorra argentina son Madrid, en primer lugar y Cataluña en segundo. En estas dos comunidades se concentra el 73% de la población. En el censo realizado en 2019 en el municipio de Madrid se localizaron 4.408 nidos y su población se estima entre 11.154 y 12.975 ejemplares, lo que supondría casi un 50% de la población nacional según la cifra obtenida a escala estatal.
La razón por la que es ilegal lo que quiere llevar a cabo el Gobierno
El capítulo tercero del Título III de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre se centra en la «problemática de las especies invasoras derivada de la globalización de intercambios de todo tipo», para lo que establece la creación del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en el que se incluyen «todas aquellas especies y subespecies exóticas invasoras que constituyan, de hecho, o puedan llegar a constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía, o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural». En este están incluidas las cotorras argentinas y de Kramer.
El punto 5 del artículo 64 de la ley deja claro que la inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras «conlleva la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio exterior». La normativa no permite, por tanto, hacer un control no letal de las cotorras como pretende la Dirección comandada por Sergio García Torres.
Además, en el capítulo de las infracciones, la también conocida como Ley Narbona establece que «se considerarán infracciones administrativas la introducción, mantenimiento, cría, transporte, comercialización, utilización, intercambio, reproducción, cultivo o liberación en el medio natural de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión sin permiso o autorización administrativa».
